A fin de evitar la impunidad en los presuntos desvíos millonarios detectados en Sedesol y Sedatu durante las administraciones de Rosario Robles, este martes Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República.
Por medio de un comunicado, el organismo detalla que la denuncia es contra varios funcionarios de las dos instituciones, además de la Universidad Autónoma del Estado de México y de diversas empresas fantasma.
Explica que La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó los hechos denunciados en la revisión de las cuentas públicas 2013 y 2014, los cuales fueron exhibidos en «La Estafa Maestra», la investigación periodística, y distintos medios de comunicación.
La nueva denuncia recibida en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia; se suma a otras 17 que hasta el 30 de junio pasado había presentado la ASF debido a un presunto desvío que asciende a 3 mil 37 millones de pesos.
MCCI señala que las investigaciones contienen suficientes elementos de prueba para solicitar que se abra una carpeta de investigación relacionada con los convenios celebrados entre diversas entidades y universidades públicas mediante la subcontratación de empresas privadas, algunas de ellas catalogadas como fantasma por el Sistema de Administración Tributaria.
“Estamos conscientes de que la corrupción no se resuelve con la sanción de unos cuantos casos emblemáticos, pero también de que la impunidad prevaleciente no puede persistir. La historia reciente muestra que cuando no hay consecuencias para los actos y redes de corrupción, estos se multiplican” afirma el organismo.
MCCI explica que con esta denuncia busca que las instancias de procuración e impartición de justicia actúen no con base en propósitos políticos, sino con base en los principios que subyacen a la creación de una Fiscalía autónoma e independiente y en la aspiración constitucional de contar con una justicia pronta y expedita.
“No corresponde ni al Presidente Constitucional ni al Presidente Electo decidir a quién investigar y sancionar y a quién no” sostiene el organismo al indicar que su mensaje es claro, para este y para otros casos: no a la impunidad, no a los pactos de impunidad y no a la “politización” de la justicia que es la negación de la justicia.
Finalmente se informa que la estrategia legal fue realizada en colaboración con Tojil AC., abogados especializados en litigio penal anticorrupción.