En una declaración conjunta, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores informaron que el gobierno de México recibe respetuosamente, con el compromiso de implementarlas de buena fe, las recomendaciones del informe final sobre la visita a nuestro país del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
El informe incluye 85 recomendaciones, entre las que destaca la necesidad del que el Estado mexicano impulse una política nacional de prevención en materia de desaparición forzada de personas para su erradicación, así como la búsqueda de las víctimas, a través de una coordinación sistemática y efectiva de las instancias encargadas de atender el problema.
Ambas dependencias destacaron el reconocimiento del organismo internacional a la colaboración del Estado mexicano, porque “la visita fue muestra del compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos, así como la apertura al diálogo constructivo y la cooperación internacional”.
Asimismo, instó a que México defina prioridades para que esta política tenga condiciones para que sea eficaz y permita fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda, así como que garantice la «coordinación sistemática y efectiva en instituciones para remover los obstáculos en la judicialización y crisis forense”.
El comunicado de Gobernación y la cancillería reconocieron como una de las principales recomendaciones del CDF facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial y reconocer el papel de las víctimas.
También hizo énfasis en el reconocimiento del CDF a las medidas que adoptó México para enfrentar este delito como la adopción de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley General de Víctimas, así como la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
El Comité saludó la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la creación de comisiones locales de búsqueda y de las Fiscalías Especializadas en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, la adopción del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas y del Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, y la posibilidad de incorporar a quienes participan en las búsquedas en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.