Las Relatorías Especiales de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas expresaron al gobierno mexicano su preocupación por la presunta detención arbitraria, uso indebido del derecho penal e imposición de sentencias de forma desproporcionada contra 10 personas defensoras de comunidades originarias.
Por ello, instaron al gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de estas personas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a los responsables de las violaciones citadas.
La comunicación oficial fue enviada el 9 de octubre pasado, pero hoy se hizo pública ante la falta de respuesta del gobierno mexicano.
Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y José Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, manifestaron su “preocupación grave” ante el presunto uso indebido del derecho penal en contra de los defensores, “que parecerían ser represalias directas por sus actividades”.
Los afectados son Pablo López Alavés, indígena zapoteco detenido en 2010, internado en el reclusorio Villa de Elta, Oaxaca, y condenado a 30 años de prisión por presunto homicidio; Kenia Hernández Montalván, indígena amuzga coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, acusada por supuesto robo con violencia y sentenciada 20 años y nueve meses.