En el último día del curso “México en transición: Retos sociales y el envejecimiento poblacional”, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, se plantearon diversos enfoques sociales de atención que inciden en la legislación y programas para las personas adultas mayores.
La investigadora del CESOP, Fanny Sleman Valdés, señaló que México está envejeciendo como muchos países. Se trata de un fenómeno inédito ante el cual es necesario crear y fortalecer herramientas y estrategias para enfrentarlo.
Indicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, en 2022 había en México 17 millones 958 mil 707 personas mayores, 14.1 por ciento de la población, con lo que “hemos iniciado nuestro proceso avanzado de envejecimiento poblacional” y destacó la importancia de crear y fortalecer normas a favor de la protección de la población adulta mayor.
Actualmente, existe la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 31 entidades federativas cuentan con ordenamientos jurídicos en la materia; además, se ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
La legislación, mencionó, aborda diversos temas en materia de salud, trabajo, educación e igual reconocimiento ante la ley, pero hay otras áreas en las que se debe invertir porque están desatendidas o subdesarrolladas, como la de cuidados, atención, prevención de la discriminación y violencia (física, financiera, psicológica) y apenas se empiezan a tratar.
Consideró relevante armonizar y homogeneizar las legislaciones nacionales para que otorguen los mismos derechos de la Convención Interamericana.