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El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), secretario de la Comisión de Salud, hizo un llamado a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y al equipo de transición para abstenerse de contratar médicos cubanos, ante las irregularidades en sus esquemas de empleo y atentados hacia sus derechos humanos.

Estos hechos, dijo, fueron documentados por diversas naciones y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Relatoría de Trata de Personas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

“Claudia Sheinbaum pacta con Bruno Eduardo Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, la continuidad de los médicos cubanos; en México sobra talento, los médicos cubanos sólo sirven para financiar un régimen autoritario”, señaló en un comunicado. 

Ramírez Barba dijo que su bancada solicitará un informe sobre las condiciones de contratación del personal de salud de origen cubano que llegó al país o los que estarán llegando en el nuevo gobierno. 

Subrayó que se debe detallar la vigencia de los contratos, el número de profesionistas contratados o que serán empleados, las condiciones salariales y su formación profesional, especificando su especialidad en el campo de la medicina.

“En el PAN consideramos que los médicos de nuestro país cuentan con capacidad y experiencia avaladas por las universidades mexicanas, formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia de nuestra población, pero injustamente se les ha relegado, privilegiando a los cubanos solamente por ideología”, aseguró.

Señaló que es evidente que se está ante una violación a la ley que pone en riesgo la salud de la población.

Mencionó que la Ley General de Salud, en su artículo 79 establece que para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas mexicanas. 

En ese sentido, agregó que el artículo 81 de la misma ley dispone que la emisión de los diplomas de especialidades médicas corresponde a las instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.