La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) propuso reformas a la Constitución Política, a fin de que el Poder Judicial cuente con mecanismos institucionales de protección para los juzgadores que lleven casos relacionados con delincuencia organizada y delitos de alto impacto.
“En casos excepcionales y justificados, la legislación podrá establecer medidas extraordinarias de seguridad, incluyendo la reserva temporal de la identidad pública de las personas juzgadoras durante el desarrollo del proceso, así como el uso de medios tecnológicos y protocolos institucionales orientados a garantizar su integridad, independencia y el ejercicio de la función jurisdiccional”.
La iniciativa de reforma constitucional resalta que la delincuencia organizada constituye uno de los fenómenos criminales más complejos que enfrenta Mèxico y se caracteriza por la existencia de estructuras jerárquicas o redes criminales con capacidad económica, armamentística y logística para realizar actividades ilícitas de manera sistemática y sostenida.
En el caso mexicano, añade, diversas evaluaciones institucionales señalan que los grupos criminales han desarrollado estrategias de presión, intimidación y violencia dirigidas contra operadores del sistema de justicia, incluyendo fiscales, policías de investigación, peritos y personas juzgadoras.
Dicha situación, afirma, genera riesgos significativos para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia penal, particularmente en aquellos casos en que las resoluciones judiciales pueden afectar directamente los intereses de organizaciones criminales con alto poder de intimidación.
Por ello, asegura, la seguridad e integridad de las personas juzgadoras se convierte en un elemento indispensable para preservar la independencia judicial.
PIDEN MECANISMOS DE PROTECCIÓN A JUECES QUE CONOZCAN ASUNTOS SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA
