El proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 plantea reducir más de 13 MMDP a los recursos solicitados por órganos autónomos, y alrededor de 4 MMDP a ramos administrativos. La mayor disminución es para el Poder Judicial, 6.4 MMDP, de los cuales 5 mil millones son al Consejo de la Judicatura Federal.
Otro de los órganos en los que se perfila reducir presupuesto en el último año de gestión del actual gobierno es el Instituto Nacional Electoral, por 5 mil 3 millones de pesos. Había solicitado 37 mil 770 millones de pesos y la propuesta es que reciba 32 mil 767 millones de pesos.
A diferencia de otros años, esta ocasión, el proyecto que comenzó a circular esta noche no precisa a donde se irán las reasignaciones, aunque entre diputado se menciona que se destinarán para atender la emergencia en Guerrero, por el paso del huracán Otis, lo cual dependerá de la negociación a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la que están de acuerdos los otros dos poderes, Judicial y Legislativo. Esta bolsa, incluso, podría aumentar.
Los integrantes de la Comisión de Presupuesto discutirán el proyecto este viernes, con el fin de subirlo al pleno el próximo lunes, para aprobarlo en lo general en dos rondas de discusión y, a partir del martes, iniciar con las reservas en lo particular.
De acuerdo con el proyecto de dictamen, se contemplan 69 mil 400 millones de pesos para el CJF; 5 mil 787 millones de pesos, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una reducción de 322 millones de pesos; para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se proponen tres mil 122 millones de pesos; es decir, se le reducirán 767 millones de pesos.
Para la COFECE se plantean 688 millones de pesos, 86 millones menos de lo solicitado; para el INAI, mil 97 millones, tras una reducción de 71 millones de pesos. El proyecto también contempla que el Poder Legislativo tenga una
reducción en su presupuesto de 1.6 MMDP, de los cuales 937 millones corresponden a la Cámara de Diputados; 410 millones al Senado y 289 millones a la Auditoría Superior de la Federación.