El fraude detectado en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es mucho mayor a lo estimado originalmente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), y podría alcanzar hasta 10 mil millones de pesos. En el contexto de estas investigaciones ya compareció el ex director del organismo, Ignacio Ovalle Fernández, revelaron mandos de la Fiscalía General de la República (FGR).
El caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), ya que las irregularidades impactaron el manejo financiero y operativo del organismo conformado por Diconsa y Liconsa, ya que además de la contratación y venta irregular de suministros y entrega de apoyos para la producción agrícola, se habían desviado 100 millones de pesos para la compra de acciones bursátiles. En un inicio, se calculaba que el daño al erario era de alrededor de 8 mil 600 millones de pesos.
La cantidad que se investiga representa el doble de los desvíos atribuidos a las acciones realizadas en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, motivo por el cual la ex secretaria Rosario Robles Berlanga se encuentra sujeta a proceso, al estimarse en 5 mil millones de pesos el probable daño al erario federal.
Las autoridades entrevistadas revelaron que el caso Segalmex fue trasladado de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FECC) a la Femdo ante la posible existencia de una red de corrupción involucrada en desvíos de inventarios de maíz y frijol; nóminas “fantasmas”; simulación de operaciones relacionadas con la compra de leche, granos básicos y trigo, así como de pesticidas, gastos en transporte de productos agrícolas, subutilización de bodegas propiedad de Segalmex, adquisición de granos a productores que no requerían subsidios y venta de los productos a empresas privadas por debajo de los precios de garantía.
La primera etapa de las investigaciones la llevó a cabo el área a cargo de la fiscal María de la Luz Mijangos Borja, titular de la FECC, lo que dio como resultado la consignación de un expediente relacionado con la autorización que dio René Gavira Segreste, ex director de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, para que se adquirieran bonos bursátiles. Lo que ya arrojó como resultado la devolución de los recursos.
Sin embargo, la presentación de denuncias por parte de la SFP y de la ASF indican la posible realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita en una red de complicidades que involucra a funcionarios y empresas, lo que generó que el caso pasara a la Femdo, que encabeza Alfredo Higuera Bernal.