La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma constitucional que faculta al Congreso a elaborar una ley general contra la extorsión y homologar las penas carcelarias; ese delito se perseguirá de oficio, sin necesidad de que la víctima presente la denuncia.
Durante el prolongado debate, fue generalizada la condena al delito de extorsión al que llamaron “el impuesto del crimen” que es una pesadilla para comerciantes, locatarios, productores agrícolas y ciudadanos, incluso alcanza a las autoridades, principalmente municipales.
Los estados que concentran el mayor número de delitos de extorsión son: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz Jalisco y Guerrero.