A fin de evitar que niñas, niños y adolescentes con discapacidad o neurodivergencia queden desamparados cuando alguno de sus padres incumple con la obligación alimentaria, el diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa para reformar el artículo 303 del Código Civil Federal y fortalecer su protección.
El legislador del PRI explicó que actualmente la ley exige acreditar la imposibilidad económica, física o mental absoluta de los progenitores para que la obligación alimentaria recaiga en otros ascendientes. Sin embargo, en numerosos casos existe capacidad de pago, pero simplemente no se cumple con la responsabilidad, lo que deja a los menores sin acceso oportuno a recursos indispensables para su desarrollo.
Moreira Valdez señaló que esta situación resulta particularmente grave cuando se trata de personas con discapacidad o neurodivergencia, ya que la falta de pensión no sólo afecta su alimentación o educación, sino que puede interrumpir terapias, tratamientos médicos, procesos de rehabilitación y otros apoyos fundamentales para su inclusión y calidad de vida.
La propuesta establece que, en estos casos, bastará acreditar el incumplimiento reiterado o injustificado de la pensión alimenticia para que la obligación recaiga de manera subsidiaria en los demás ascendientes, sin necesidad de demostrar la imposibilidad absoluta de los padres.
El coordinador parlamentario destacó que la iniciativa retoma criterios recientes del Poder Judicial y armoniza la legislación con los principios constitucionales de interés superior de la niñez, igualdad, no discriminación y protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Asimismo, plantea reconocer expresamente que los alimentos deben comprender, además de la manutención básica, gastos de habilitación, rehabilitación, terapias, atención médica especializada, ayudas técnicas, cuidados y todas aquellas medidas necesarias para garantizar el desarrollo integral de las personas menores de edad con discapacidad.
El congresista afirmó que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias constituye una de las formas más extendidas de violencia económica contra niñas, niños y adolescentes, situación que se agrava cuando existen condiciones de discapacidad o neurodivergencia.
“La ley debe estar del lado de quienes más necesitan protección. No podemos permitir que los tecnicismos legales se conviertan en obstáculos que priven a una niña o un niño de sus terapias, tratamientos o apoyos para desarrollar plenamente sus capacidades”, sostuvo.
Finalmente, Rubén Moreira señaló que esta reforma busca que la justicia familiar responda con mayor sensibilidad y eficacia a las necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad, colocando en el centro el interés superior de la niñez y garantizando que ningún menor vea comprometido su futuro por el incumplimiento de obligaciones que la ley ya reconoce.