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La Càmara de Diputados estudia una iniciativa para eliminar el Impuesto al Valor Agregado en las medicinas que adquieran las personas mayores de 60 años. Se aplicaría tasa cero a todas las medicinas de patente, similares y genéricos que compren para su consumo personal.

Estipula que, en caso de medicamentos similares y genéricos intercambiables, se deberá acreditar la identidad del beneficiario mediante identificación oficial y la exhibición de la prescripción médica expedida a nombre del mismo.

En la exposición de motivos, la legisladora destaca que el envejecimiento de la población constituye uno de los fenómenos demográficos más relevantes del siglo XXI, y representa un reto estructural para los estados en materia de derechos humanos, sostenibilidad de los sistemas de salud y protección social.

Señala que de acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo) en México la población de 60 años y más asciende actualmente a 17.1 millones de personas y se proyecta que alcance los 35.4 millones para el año 2050.

Indica que 3.9 millones de personas adultas mayores se encuentran en situación de pobreza, lo que representa el 31% de esa población; además, alrededor del 70% no cuenta con seguridad social, lo que incrementa su vulnerabilidad económica y su dependencia de apoyos externos.

Y es que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, el gasto de bolsillo en salud ha mostrado un crecimiento sostenido y alcanza un promedio anual de 6 mil 421 pesos por hogar, con un incremento real de 7.9 por ciento respecto a 2022.

Añade que más de 857 mil hogares enfrentan gastos catastróficos derivados de servicios de salud, situación que impacta de manera más severa a las personas adultas mayores, quienes requieren tratamientos continuos para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y padecimientos cardiovasculares.

Subraya que las personas adultas mayores enfrentan una doble carga: ingresos limitados o inexistentes y mayores necesidades de atención médica, lo que genera una presión económica constante que compromete su bienestar y limita el ejercicio pleno de su derecho a la salud.