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Diputadas, diputados, representantes de pueblos indígenas y especialistas indicaron que la reforma al artículo 2º de la Constitución Política debe traducirse en leyes y reglas electorales que aseguren la participación política efectiva de los pueblos originarios y afromexicanos

El diputado Alfredo Vázquez (Morena) afirmó que la construcción de una democracia libre de discriminación pasa por fortalecer la representación política de los pueblos indígenas y convertir en leyes las propuestas surgidas de los espacios de diálogo.

Señaló que aún existen pendientes legislativos, como la expedición de una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y una Ley General de Consulta, por lo que llamó a aprovechar las consultas que próximamente se realizarán para reglamentar la reforma al artículo 2º constitucional. 

Sostuvo que la representación indígena en el Congreso de la Unión continúa siendo insuficiente, pese a que existe el reconocimiento de distritos indígenas y a que, de acuerdo con el último censo, 23.2 por ciento de la población mexicana se auto adscribe como indígena.

«Tendría que haber 100 legisladores mínimamente aquí de los 500 que somos; sin embargo, no lo hay».

Lamentó que muchas de las personas que llegaron al Congreso bajo acciones afirmativas no impulsen la agenda indígena.

Destacó que ha presentado iniciativas sobre consulta previa, representación política de personas indígenas y participación de las juventudes.

Hizo un llamado a que las propuestas emanadas del foro se traduzcan en reformas legales y en una estrategia conjunta entre comunidades, especialistas y autoridades y planteó la necesidad de garantizar la presencia de personas indígenas en los tres Poderes de la Unión y en dependencias federales donde se toman decisiones que impactan directamente a sus comunidades.

«Tenemos que llegar a hacer propuestas, seguir luchando para posicionar nuestros temas».

Convocó a construir consensos y llevar las demandas al territorio, así como presentarlas a la Presidencia de la República y a los gobiernos estatales para avanzar hacia una participación política real y efectiva de los pueblos indígenas.