En la Cámara de Diputados se llevó a cabo este martes la tercera mesa del conversatorio “Participación ciudadana para la transformación del Poder Judicial de la Federación”, con el tema “Eficacia, progresividad y restricciones de la consulta popular: El caso de temas electorales”.
En el evento, organizado por el grupo parlamentario de Morena, su coordinador, el diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, explicó que el propósito es encontrar diversos puntos de vista para modificar el mecanismo y funcionamiento que establece el artículo 96 de la Constitución, “pues este no ha sido reformado”.
Aclaró que se busca revisar, “después de 95 años, si el mecanismo que define el procedimiento es lo que se debe seguir realizando”.
Subrayó que los tres Poderes se fortalecen en la medida que están sujetos al escrutinio, y que el Constituyente Permanente sabe escuchar a quién representa y que está consagrado en el artículo 39 constitucional.
La diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, moderadora del conversatorio, explicó que el objetivo es “que empecemos a socializar la posibilidad de construir una iniciativa de reforma al Poder Judicial que desde nuestra opinión es necesaria para construir el sistema de impartición de justicia”.
La legisladora de Morena destacó la importancia de los conversatorios porque “ayudarán a una correcta toma de decisiones” y se busca, dijo, contar con el conocimiento y la interlocución necesaria con expertos, exministros, abogados y colegios que permitan socializar, informar y discutir, tanto las virtudes como las debilidades, los retos y avances sobre el Poder Judicial, sus órganos internos y sus máximos representantes.
Se trata de gestar un intervencionismo judicial antidemocrático
Renata Turrent Hegewich, licenciada en Economía y maestra en Políticas Públicas de la Universidad de California, afirmó que en México se está tratando de gestar “un intervencionismo judicial, que es profundamente antidemocrático”, el cual se ve reflejado en las cascadas de amparos que se han otorgado en este sexenio, en la intervención que tiene el Poder Judicial para resolver asuntos que le atañen al Legislativo, y en el hecho político de que la oposición partidista ya haya dejado su supuesta defensa al INE y ahora se haya pasado la defensa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Resaltó que la idea de que la gente no tiene la capacidad de decidir quién debe encabezar la Suprema Corte, porque es un asunto muy técnico y difícil, surge del mismo pensamiento y argumento que se usó para excluir a los pobres de las votaciones democráticas y para excluir a las mujeres de la democracia, siendo que la vida pública es de todos y es un derecho constitucional.
Modificar procedimiento de evaluación y selección de ministros
Luis Carballo Balvanera, experto en Derecho y consultoría fiscal, indicó que el proceso actual es insatisfactorio al atender la función y responsabilidad que la Constitución estipula a la Suprema Corte de Justicia, por lo que propuso modificarlo desde el procedimiento previo de evaluación y selección de los mejores perfiles para su integración.
Destacó que en la actualidad no hay un método serio, sólido y maduro de profundización tanto del cumplimiento de sus requisitos que la Carta Magna fija para la evaluación de las garantías que tienen que ser las que definan el perfil de un ministro, a fin de que este se desempeñe con independencia, autonomía, imparcialidad y capacidad.
No se puede someter a consulta la elección de los ministros
Everardo Moreno Cruz, abogado y maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisó que la consulta popular regulada en la Constitución Política señala algunos campos en los que no puede realizarse, como es el relativo a los derechos humanos, la Guardia Nacional, organización de la defensa nacional y los temas de carácter electoral.
Enfatizó que “constitucionalmente no se puede someter a consulta” la elección de los ministros porque es un tema de carácter electoral. Sostuvo que no se debe realizar una reforma de esa naturaleza que “sería perjudicial para el país”. Afirmó que el procedimiento actual para elegir, designar y nombrar a los ministros de la Corte es un procedimiento que no ha sido equívoco, que ha sido acertado.