La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen mediante el cual se le devuelve el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y que un general de división pueda encabezar dicho organismo de seguridad.
Mientras diputados de oposición aseguraron que con esta reforma se concreta la militarización del país, el legislador de Morena, Salvador Caro. Aseguró que el mando militar en la Guardia Nacional permitirá al Estado mexicano combatir con mayor eficiencia al crimen organizado.
En una discusión de casi dos horas, la oposición advirtió que la mencionada propuesta “perfecciona la militarización del país”, mientras Morena y sus aliados replicaron que de esta forma se combate al crimen con mayores medidas de cooperación, y con la posibilidad de que la GN realice sus propias investigaciones.
La reforma busca revertir el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de abril del año pasado, que ordenó retirar el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional al Ejército y devolverlo, a más tardar el 1º de enero de este año, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En el texto del proyecto de dictamen se advierte que “en México, el crimen organizado ha generado profundas afectaciones en la vida económica, política y social del país, particularmente, a partir de 2007”.
Además, que los grupos de la delincuencia organizada “participan en la producción, trasiego y comercialización de drogas ilícitas; secuestro y extorsión; trata de personas, reclutamiento forzado y explotación de niños, niñas y adolescentes y personas migrantes; robo de hidrocarburos” y otros ilícitos “que perturban gravemente los derechos y las libertades individuales y colectivas, y erosionan el tejido social”.
De igual forma, el texto puntualiza que “el 11 de diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón inició la estrategia de seguridad conocida como ‘guerra contra el narcotráfico’, en la que utilizó a las Fuerzas Armadas para enfrentar al crimen organizado. Esta estrategia fallida se desarrolló sin respeto alguno a los derechos humanos y sin considerar a las víctimas, a las que la administración de Calderón calificó como daños colaterales”.