Al separarse de sus cargos con licencias aprobadas por el Congreso de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, han quedado despojados de la inmunidad procesal, abriendo la puerta a su captura inmediata.
El jurista y constitucionalista José Elías Romero Apis detalló al diario Excélsior que la situación jurídica de los implicados es crítica en el marco de la investigación por las acusaciones que Estados Unidos les hace de tener nexos con el narcotráfico.
“La mesa está puesta para que Rocha pueda ser extraditado”, afirmó el experto, subrayando que la detención provisional solicitada por EU es de carácter administrativo, por lo que el fuero —que sólo protege de procesos penales locales— no sería un impedimento incluso si estuvieran en funciones.
“Estamos hablando de la extradición, que es un procedimiento administrativo, no penal, incluso la detención provisional sería administrativa, no penal y el fuero nada más te protege cuando quieren proceder penalmente contra ti”, refirió.
Juristas como el ministro en retiro Arturo Zaldívar y Gabriel Regino coinciden en que el fuero protege a la función y no a la persona. Al solicitar licencia, Rocha y Gámez perdieron ese blindaje, tal como ocurrió en el pasado con Javier Duarte.
“El fuero protege a la función no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal”, puntualizó Zaldívar.