La Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a ejidatarios de San Salvador Atenco, al determinar que es procedente que el Estado les otorgue una “retribución económica” por afectaciones derivadas del decreto que declaró al Lago de Texcoco como Área Protegida, pero la ministra Lenia Batres Guadarrama advirtió que el fallo pone en riesgo las finanzas públicas.
El asunto regresará a un tribunal colegiado para que ordene a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que se pronuncien sobre la procedencia de estímulos fiscales y retribuciones económicas previstos en el artículo 45 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para los afectados por estas restricciones.