La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) está facultado para decidir si una investigación se refiere a violaciones graves de derechos humanos, y por tanto debe hacerse pública.
Los ministros coincidieron que no deben existir reservas sobre información contenida en investigaciones relacionadas con violaciones graves a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad como fue la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas y la matanza de 49 personas en Cadereyta, Nuevo León.
De esta forma, la SCJN respaldó los proyectos de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Piña para confirmar amparos contra la negativa de la ahora Fiscalía General de la República (FGR) para dar acceso a las averiguaciones previas sobre estos casos.
El asunto revisado por el pleno del máximo tribunal del país se remonta a 2013, cuando el INAI confirmó las negativas de la PGR, basadas en los principios de secrecía de las averiguaciones previas.