La Secretaría de las Mujeres, realizó este lunes la primera mesa de trabajo formal para actualizar el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio.
La finalidad es que niñas y niños permanezcan protegidos en un entorno familiar seguro, mediante el reconocimiento del papel de las «familias sociales» o redes de cuidado comunitario, y se evite que sean trasladados a albergues si cuentan con un hogar cercano e idóneo.
En la reunión, Ingrid Gómez Saracíbar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, destacó que la atención a las infancias debe ser una prioridad nacional que reúna a todas las autoridades en un solo esfuerzo.
«Esta atención no puede depender de esfuerzos aislados; requiere una coordinación entre las instituciones federales, los gobiernos locales y las fiscalías. Detrás de este protocolo hay una realidad que exige sensibilidad y acciones concretas para las niñas, niños y adolescentes que enfrentan la pérdida de sus madres», precisó.
Lo que se busca es brindar “acompañamiento humano, oportuno y completo a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio”, precisaron representantes de diversas instituciones del gobierno federal y del Poder Judicial.
La actualización del protocolo se articula con la iniciativa de Ley General en materia de Feminicidio, que está en análisis en el Senado, la cual retoma sentencias históricas como la del caso García Andrade de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer obligatorio el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.
En la mesa de trabajo participan el DIF, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la SCJN, la FGR, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Agencia de Transformación Digital, el RENAPO y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, quienes integrarán sus aportaciones para concretar el documento final.
Con estas acciones, se busca colocar el bienestar de las infancias en el centro de las políticas públicas y garantizar que ninguna niña, niño o adolescente quede en el desamparo tras un crimen de género.