El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión elaborar la Ley General contra el Feminicidio; los congresos locales tendrán que homologar las leyes en materia de sanciones y atención a víctimas.
Los senadores de todos los partidos coincidieron en la necesidad de endurecer las sanciones a feminicidas y que la autoridad de los tres niveles de gobierno atienda las secuelas que deja un feminicidio, como menores de edad huérfanos y que se trabaje en la prevención de ese delito.
La reforma constitucional fue enviada a la Cámara de Diputados, a fin de que la avale y la envíe a los Congresos estatales. Una vez que la avalen al menos 17 Congresos estatales, el Congreso de la Unión estará listo para crear la primera Ley General contra el Feminicidio.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa presidencial que acompañó esta reforma constitucional, la Ley General establecerá las “bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país, razón por la que se necesita dotar al Congreso de la Unión de facultades constitucionales que le permitan la generación de legislación general”.
La nueva legislación contendrá “un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes; homologar estándares de investigación con perspectiva de género; fortalecer la coordinación entre Federación y entidades federativas; garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y la reparación de daños, y fortalecer la coordinación de Instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia”.
Añade que la legislación general incluirá “la protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio. Esta población enfrenta afectaciones emocionales, sociales y económicas que comprometen el ejercicio pleno de sus derechos.
“Por ello, el Estado tiene un deber reforzado de protección, que implica garantizar: atención integral; acceso a servicios de salud física y mental; acompañamiento psicológico; acceso a educación, y mecanismos de reparación integral del daño”, detalla.