El Tribunal Constitucional avaló por siete votos a favor frente a cinco en contra la sentencia con la que se amparan los derechos fundamentales de los líderes independentistas catalanes que impulsaron la declaración unilateral fallida de independencia de octubre de 2017.
A juicio del órgano jurídico fueron vulnerados sus derechos por la no aplicación por parte del Tribunal Supremo de la ley de amnistía aprobada en el Parlamento.
Con este dictamen, el ex presidente catalán, Carles Puigdemont ya puede volver al país sin temor a ser detenido, desde Waterloo, donde vive desde hace nueve años, declaró que “la amnistía es la derrota de los poderes públicos españoles”.
Hace nueve años, Puigdemont y un grupo de consejeros de su gobierno decidieron refugiarse en otros países europeos, en su caso Bélgica, para eludir la persecución judicial a la que fue sometida el separatismo catalán tras el referéndum de autodeterminación del 1° de octubre de 2017 y la posterior declaración fallida de secesión.
Entonces gobernaba España el conservador, Mariano Rajoy, quien decidió aplicar al artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central intervenir en un gobierno autonómico en casos excepcionales.
Con la llegada al poder del socialista, Pedro Sánchez, se recuperó el diálogo con los fuerzas independentistas catalanas, que se convirtieron en aliadas esenciales para que el propio presidente español fuera investido de nuevo en su primera relección.
El acuerdo fue que le apoyarían a cambio de una ley de amnistía, que fue la que se aprobó hace dos años y medio y con la que en teoría se liberaba de todas las cargas judiciales a los líderes catalanes.
Pero el juez, Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, decidió mantener la orden de búsqueda y captura contra ellos por el delito de malversación, que, a su juicio, no se incluía en la nueva legislación.