En uno de los últimos pasos para su refrendo definitivo, el Tribunal Constitucional español avaló la Ley General de Amnistía impulsada por el presidente socialista Pedro Sánchez, tras un acuerdo con el independentismo catalán para que apoyen su investidura en el Parlamento.
Este fallo abre la puerta al regreso del ex presidente catalán Carles Puigdemont y de otros líderes del proceso de secesión fallido del 2017 que aún viven fuera del país ante el temor a ser juzgados y detenidos por los tribunales españoles, donde tienen varias causas penales abiertas.
La ley consiste en el borrador de todos los supuestos delitos en los que habrían incurrido los líderes y los seguidores del proceso separatista, entre los que se incluía desde la sedición, la desobediencia, el desacato y la prevaricación.
El único que no fue amnistiado ni por la normativa ni por el TC fue el de malversación de caudales públicos porque habría incurrido en la vulneración de la legislación europea en esta materia.
La sentencia señala que la Constitución contempla conceder una amnistía por razones humanitarias o necesidades específicas derivadas de acontecimientos políticos que requieran respuestas extraordinarias del ordenamiento jurídico”.
Rechaza el calificativo de “autoamnistía”, con el que pretendían impedir que saliera adelante la moción, y en alusión a que la redacción de la ley se hizo con el equipo jurídico del gobierno español y una parte de los beneficiados: los líderes de Junts per Catalunya y el presidente Puigdemont.
“Una ley debatida y aprobada por el parlamento de un Estado democrático de derecho que contempla la extinción de la responsabilidad penal por amnistía no puede calificarse de autoamnistía, propia de sistemas políticos autoritarios o de Estados en transición”, se afirma.