La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), aprobó dos dictámenes para modificar las leyes Federal de Procedimiento Administrativo y la General de Responsabilidades Administrativas, en materia del pleno acceso a la justicia y homologación de la norma.
Por unanimidad de 24 votos, avaló el proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción II del artículo 88 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, relativo al pleno acceso a la justicia.
Establece que, en el caso del recurso de revisión que se tenga por no interpuesto y se deseche cuando no se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente, “la autoridad deberá prevenir al recurrente para que subsane la omisión, concediéndole un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación respectiva, para que presente la documentación; transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya desahogado la prevención, la autoridad procederá a desechar el recurso”.
Determina que los cinco días hábiles para subsanar lo establecido en la fracción II del artículo 88, es un tiempo razonable bajo el cual el interesado puede presentar la documentación solicitada, y que el plazo comenzará a correr al día siguiente en que surta efectos la notificación.
Por lo tanto, agrega, “esto nos lleva a la conclusión de que sin importar el tiempo que se haya tomado la autoridad en acordar la prevención, el interesado tiene la certeza jurídica de que le será respetada su garantía de audiencia y el debido proceso”.
El diputado Romero Hicks explicó que este dictamen coadyuva a garantizar el derecho fundamental de defensa a las personas sujetas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a fin de escucharlas y no dejarlas indefensas cuando estén involucradas en algún proceso descrito en la ley.
Al respecto, la diputada Lidia Pérez Barcenas (Morena) comentó que con la reforma se busca garantizar el pleno acceso a la justicia y “me parece que la propuesta, a pesar de que es muy breve, solamente son dos líneas en esta ley, da certeza jurídica a los particulares y de esta manera garantizamos su derecho a la justicia y a defenderse”, por lo que celebró la propuesta de reforma y externó su apoyo.
Del PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba subrayó que la reforma “me parece que es algo muy positivo porque, además, encontró la coyuntura formal, dando el tiempo y las garantías durante un procedimiento administrativo de manera que no podrían desechar el recurso sin que se haya prevenido al interesado, ni que haya concluido el plazo para subsanar la omisión sin que la prevención haya sido atendida”.
La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) comentó que estas propuestas resultan importantes en virtud de que tienen por objeto dar claridad y certeza a los ejercicios de los particulares en los diversos procedimientos administrativos, además de que con su aprobación se mejora la redacción de los artículos y se abona en el fortalecimiento del ejercicio de las garantías procesales.