La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó reformas a la Ley Orgánica de Hidrocarburos con modificaciones claves para impulsar la producción y atraer inversiones; quedó sancionado el instrumento y listo para su promulgación por parte de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Se prevé que las actividades petroleras primarias no solo puedan ser realizadas exclusiva o mayoritariamente por el Estado, sino también por empresas privadas asentadas en el país, “en el marco de contratos suscritos con empresas propiedad de la República o sus filiales”.
Los privados también podrán comercializar el crudo siempre y cuando demuestren poder obtener un mejor precio que el que obtendría Pdvsa en el mercado internacional.
Esta figura es lo que se conoce como Contratos de Participación Productiva, que Venezuela implementó bajo el amparo de la Ley Antibloqueo para “desaplicar” normativas que imposibilitaban la operatividad de la industria petrolera venezolana en el marco de las sanciones aplicadas por Estados Unidos sobre el país.
También se establece que las controversias que no puedan ser resueltas de forma amistosa “podrán ser decididas por los tribunales competentes de la república o mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes independientes”.
Otro aspecto fundamental es la flexibilización del monto de las regalías que deben pagar los productores al Estado, que pueden ser rebajadas para hacer más rentables las inversiones.