Después de que Rusia sufrió el primer ataque de Ucrania con misiles de largo alcance de fabricación estadounidense -en una guerra que ya cumplió mil días-, el presidente Vladimir Putin promulgó el decreto que fija la entrada en vigor de la renovada doctrina nuclear rusa.
Esta doctrina, opinan expertos, deja abierta la puerta a que Rusia pueda invocar un fundamento legal si, por una razón u otra, considera necesario recurrir a su arsenal atómico.
Porque a juicio de quienes han estudiado a fondo el texto del decreto presidencial, sus formulaciones son los suficientemente ambiguas para que quede un amplio margen a la interpretación de la única persona que está facultada para decidir si llegó el momento de dar la orden de activar la respuesta nuclear: el titular del Kremlin, Vladimir Putin.
Rusia, por ejemplo, podría estimar que su doctrina le permite recurrir a las armas nucleares para repeler un “ataque incluso con armas convencionales o drones que representen una amenaza crítica a la soberanía y/o integridad territorial” de Rusia y Bielorrusia, su aliado, pero –comentan– no define qué entiende por “amenaza crítica” ni cuántos drones o misiles convencionales tienen que ser lanzados al mismo tiempo para merecer una respuesta nuclear.
La doctrina renovada, que reemplaza a la promulgada en 2020, establece que se va a considerar un “ataque conjunto” la agresión de un país que no tenga armas atómicas que reciba el respaldo de una potencia nuclear, implique o no ese apoyo su participación directa en el conflicto.
Parece un párrafo echo a la medida del respaldo en armamento y finanzas que, a lo largo de estos mil días de guerra, está recibiendo Ucrania de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia –potencias con arsenales atómicos los tres– y otros aliados suyos, aunque más allá de calificarlo de un “ataque conjunto” los expertos no creen que el Kremlin se arriesgue a un intercambio de devastadores golpes nucleares.