El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, afirmó que todos los gobiernos estatales deben destinar el 10 por ciento del Fondo de Aportaciones a la infraestructura de los penales, pero los recursos se están desviando a otras dependencias.
Sales apuntó que, se reunieron con los directivos de las entidades federativas para abordar tres puntos en particular, por qué están los penales como están en las entidades federativas, dónde se ha destinado y cómo, el dinero del Fondo de Aportaciones de Seguridad Púbica, del apoyo para las entidades.
«El de este año asciende a cerca de 7 mil millones de pesos, cuánto de eso destinan las entidades federativas al fortalecimiento en infraestructura de sus centros penitenciarios, y la capacitación de sus custodios, destinan menos del 10 por ciento, el promedio que se destina es 8 por ciento.
«Entonces les decíamos a los directivos de los centros penitenciarios que tenemos que ver que ese 10 por ciento destinado para los penales sí se destine específicamente a lo que está programado, esto es al fortalecimiento del sistema penitenciario, y en su caso reprogramar, pero no para desviar recursos del sistema penitenciario a otros ejes», sostuvo.
Señaló que este es un tema que los gobernadores deben revisar.
Recordó también que el 28 de marzo, el secretario de Gobernación, el Miguel Ángel Osorio Chong, «en una reunión conjunta que tuvimos secretarios de Seguridad Pública y procuradores en una conferencia conjunta, nos instruyó al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno, y un servidor, a que organizáramos esta primera sesión extraordinaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario por lo acontecido en Nuevo León, en Culiacán, por lo que sucedió en Tamaulipas, en Cancún, entidades federativas con problemas en este tema, el Sistema Penitenciario Nacional en sí tiene problemas», dijo.
Añadió que, tienen cerca de 40 mil procesados y sentenciados del orden federal de un total de 220 mil internos en todo el país.
«Sucede que nos dicen en algunas entidades federativas que lo idóneo sería trasladar a los internos federales. Hemos trasladado a muchos, Nuevo León, por ejemplo, trasladamos a cerca de 300, sucede también que tenemos un nuevo Código Nacional de Procedimientos y una nueva Ley Nacional de Ejecución Penal que hace del traslado muy complejo si no es con autorización judicial, el traslado es excepcional cuando no es con autorización judicial», explicó.
Por último, citó el Artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala que con objeto de que los procesados por delitos federales puedan cumplir su medida cautelar en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, las entidades federativas deberán aceptar internarlos en los centros penitenciarios locales con el fin de propiciar su debido proceso, salvo que existan razones de seguridad en las prisiones que lo impidan u otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso.
Este Artículo fundamenta cuál es la complejidad para poder llevar a un estado diferente de dónde se hace la detención.
«Precisamente los que tenemos ahorita en penales estatales, en esas características, que no son muchos afortunadamente, es argumentar ante los jueces, argumentar y esperar la resolución del juez, agilizarla lo más posible y proceder a los traslados», puntualizó.