A fin de coadyuvar a regular de manera más precisa los alcances de inspección que le permitan una efectiva actuación frente a las infracciones, daños y deterioros ambientales que se presentan en todo el país, senadores de la república aprobaron con 77 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, reformas a las leyes en materia ambiental, para hacer eficaz la actuación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Además de otorgar más facultades a la Profepa, le permite incorporar al procedimiento administrativo las actuaciones realizadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), de esta forma podrán combatir delitos ambientales.
También se regularán no solo los actos de inspección, sino también los de vigilancia ambiental, los de verificación de resolutivos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como los actos de investigación técnica, cuyo propósito es el de conducir la actuación de la Profepa hacia la investigación técnica y científica.
De igual forma, se propone crear un procedimiento de inspección federal único, derogando además las normas procedimentales que se encuentran hoy dispersas en las diversas leyes ambientales federales, situación que ocasiona falta de certeza jurídica para los gobernados, dificultad en su aplicación por la autoridad y resta eficacia a las actuaciones de la Profepa.
Este nuevo procedimiento ayudará a regular de manera más precisa los alcances del contenido de las actas de inspección, las facultades de coadyuvancia de los denunciantes populares, así como de todos los actos administrativos, incluyendo la resolución sancionatoria en la que se impondrá la obligación de reparación y compensación ambiental del daño.
Asimismo, la Asamblea aprobó una modificación al dictamen para que la Profepa y las autoridades administrativas facultadas para inspeccionar, garanticen a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas el respeto de sus derechos, prerrogativas lingüísticas, usos y costumbres reconocidas por la Constitución.
Previo a la votación, la presidenta de la Comisión de Cambio Climático, Silvia Garza Galván, dijo que la Procuraduría sigue operando con reglas de procedimiento diseñadas en 1988, “que son claramente insuficientes para cumplir con el mandato de procuración de justicia en todas las áreas reguladas por la legislación ambiental federal”.
Frente a ello se fortaleció su actuación y con las reformas hechas se observaran cambios sustanciales, ya que establecen mayor seguridad jurídica para los actores involucrados en las acciones de inspección: autoridades, denunciantes, ciudadanos y empresas.
Y ante la amenaza que enfrentan la biodiversidad y los recursos naturales por actividades ilícitas, como es la tala ilegal de árboles o el tráfico de flora y fauna silvestre. Es importante tomar conciencia de la gravedad de los delitos ambientales y de la necesidad de fortalecer las acciones que persigan con decisión a quienes dañan y lastiman el medioambiente, señaló la senadora priista, Marcela Guerra.
A su vez, Alejandro Encinas Rodríguez manifestó que la reforma transformará las instituciones encargadas de inspeccionar las actividades ambientales, así se reacomodan las atribuciones y desaparecen las agencias que entraban en conflicto con cuanto a atribuciones de la Procuraduría.
En tanto que el congresista perredista, Fernando Mayans Canabal, dijo que la Profepa ha sido rebasada, porque es mayor el interés económico de las empresas, lo que deriva en corrupción e impunidad en deterioro ambiental.
Destacar que el dictamen incluye reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a la Ley General de Bienes Nacionales; a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; a la Ley General de Vida Silvestre y a la Ley General de Cambio Climático.
Aunado a lo anterior, las autoridades agregarán en autos las constancias que acrediten que se dio cumplimiento con las obligaciones referidas en esta disposición.