Bajo los principios de eficacia, eficiencia, seguridad y certidumbre, en beneficio de la ciudadanía es como se deben regular la operación de puntos de revisión vehicular, llamados «retenes» y homologar su reglamentación en los tres niveles de gobierno, propuso el senador Fernando Yunes Márquez.
Al presentar una iniciativa para modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el presidente de la Comisión de Justicia, afirmó que diversas instituciones federales han hecho esfuerzos por documentar, sistematizar y estandarizar sus procedimientos en materia de seguridad pública y específicamente para puntos de revisión vehicular.
Sin embargo, consideró que «es fundamental la homologación de los puntos de control y revisión vehicular en todos los órdenes de gobierno, que permita a las policías municipales, de la Ciudad de México, estatales y fiscalías de todo el país, actuar bajo los requerimientos mínimos de eficacia, eficiencia, seguridad y certidumbre en la instalación, e implementación de esos puntos y estableciendo áreas de competencia en el tema, y la coordinación entre instituciones».
Por ello, consideró necesario reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de establecer un protocolo homologado para los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, en torno a formas de actuación, operación y equipamiento para los puntos de control y revisión vehicular.
Yunes Márquez dijo que la instalación de puestos de control y revisión vehicular, conocidos como «retenes», constituye una de las principales acciones para garantizar la seguridad de quienes transitan por las carreteras del país, a la vez que son un instrumento de las fuerzas federales de seguridad para acotar la presencia de las organizaciones criminales y dificultar su operación.
El legislador reconoció que los «retenes» generan descontento de la ciudadanía, pues se trata de una medida que carece de reglas claras para su implementación y operación, y en donde se han presentado «un sinnúmero de abusos cometidos por los elementos de seguridad pública hacia la ciudadanía».
Por ejemplo, se han presentado casos como falta de identificación por parte de las autoridades o documentación oficial que justifique la instalación de punto de revisión y control vehicular.
Actualmente, continuó, los puntos de revisión carreteros operan bajo un alto índice de discrecionalidad, lo cual los vuelve ineficaces.
Además, dijo, existe un alto índice de percepción de violaciones a los derechos humanos, desconfianza ciudadana, pérdida de tiempo y, en general, constituyen un proceso que resulta molesto, invasivo y que causa incomodidades para las personas que tienen la necesidad de transitar en el tramo donde se localiza los puntos de revisión.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictamen correspondiente.