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La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 6, 7, 68 y 71 de la Ley de Vivienda, con la finalidad de que las construcciones cumplan con las disposiciones en materia de protección civil, de seguridad estructural y lograr que todos los municipios cuenten con un Atlas de Riesgo.

El dictamen fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, incorpora la seguridad estructural, como un lineamiento de la Política Nacional de Vivienda. Plantea que, con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes, en cuanto a prevención de desastres se tomará en cuenta el Atlas de Riesgo correspondiente.

Establece que, en la adquisición de suelo o la constitución de reservas territoriales destinada a fines habitacionales, se deberán observar las disposiciones legales en materia de protección civil, así como el desarrollo de las acciones habitacionales y en la utilización de recursos y servicios asociados, se deberá tomar en cuenta el Atlas de Riesgo.

En los considerandos del dictamen, se precisa que la cobertura del Atlas de Riesgo en municipios apenas rebasa 20 por ciento, por lo que es indispensable avanzar hacia una cultura de prevención contra riesgos de desastre.

Indica que los Atlas de Riesgo deben ser considerados para la elaboración de los programas de vivienda federales, estatales, municipales y de las alcaldías, de tal manera que las personas que habitan una vivienda sean el centro de toda prevención de desastres, incidiendo, además, en la coordinación de los tres ámbitos de gobierno para garantizar viviendas seguras y adecuadas conforme la realización y actualización de sus Atlas de Riesgos.

Argumenta que la mayor parte del territorio es susceptible a fenómenos naturales como sismos, huracanes, inundaciones, deslizamientos de tierra en laderas, volcanes y hundimientos de terreno, entre otros, que pueden presentarse y para los que se debe contar con viviendas que soporten las inclemencias derivadas de dichos fenómenos.

De acuerdo a estimaciones, siete de cada diez habitantes del país residen en zonas de riesgo expuestos a diferentes fenómenos naturales, el 30 por ciento de ellos se ubican en zonas rurales y, sin duda, los más afectados siempre son los que viven en condición de pobreza.

Los riesgos ante sismos, inundaciones, y otros fenómenos meteorológicos son especialmente altos en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Campeche y Guerrero, ya que además de poseer una alta exposición, tienen más del 40 por ciento de su parque habitacional construido con materiales endebles; en el resto de los estados este porcentaje no rebasa 25 por ciento.