El Pleno del Senado aprobó, con 53 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, la propuesta por la que se reforma diversas leyes para instaurar la prisión preventiva oficiosa a delitos graves como el feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y huachicol.
Asimismo, esta figura aplicará en delitos violentos cometidos con “armas replica” y no funcionales, la portación de armas de uso exclusivo del ejército, los ilícitos cometidos en contra de las vías generales de comunicación y medios de transporte, así como la captura ilegal de la totoaba.
La propuesta incluye la posibilidad de sustituir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa cuando exista voluntad de las partes de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de uno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna de procedimiento, aún y cuando dicha medida haya sido impuesta.
Esta legislación responde a la reforma que fue aprobada a principios de 2019, la cual adicionó dichos delitos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para considerarlos graves y meritorios de prisión preventiva oficiosa.
El segundo transitorio de dicha reforma dictaba que el Congreso debía realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19.
Con la aprobación de las leyes secundarias se armoniza el marco jurídico para aplicar plenamente la medida cautelar. Además, se precisa en las leyes cuales son los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa y se evitan malinterpretaciones en la impartición de justicia.
La propuesta avalada, reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como reformas, adiciones y en su caso derogaciones a diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
También, a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; el Código Penal Federal; la Ley General de Salud; la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; y la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Al presentar el dictamen, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, invitó a las y los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias a poner el “torniquete a la herida que sangra diario por la impunidad y la corrupción”, sobre todo en el sistema de impartición de justicia. No castigar los delitos, es en sí un delito, sentenció.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que era importante dar cumplimiento a la reforma al artículo 19 constitucional, ya que la demora en la regulación ha generado diferencia de criterios entre los juzgadores. Se tenía que regular con toda precisión, porque en materia penal no puede haber interpretación, se tiene que cumplir con un principio de exacta aplicación de la ley, precisó.
El senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Partido del Trabajo, expuso que con la reforma a la Ley de Delitos Electorales para imponer prisión de cuatro a nueve años a personas que cometan delitos electorales, como la compra del voto o utilicen recursos públicos para incidir en la intención, “expulsamos del sistema político aquellas prácticas corruptas endémicas del periodo neoliberal”.
En su posicionamiento en contra de ampliar nuevamente los catálogos de delitos que se pueden perseguir con prisión preventiva oficiosa, el senador Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, propuso un Parlamento Abierto en el que participen especialistas, expertos, y organizaciones de derechos humanos para revisar el Código de Procedimientos Penales, y el Sistema Penitenciario. “Con lo que nos están proponiendo es mandar a la universidad del delito a los jóvenes, a las mujeres, a los ciudadanos mexicanos”, advirtió.