La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside Juan Carlos Romero Hicks (PAN), aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia procesal. Romero Hicks explicó que la reforma busca ampliar el plazo por 30 días para cumplir con la obligación de presentar la declaración patrimonial final a todas las personas servidoras públicas y, con ello, desahogar el trabajo de los órganos internos de control al momento de la revisión del cumplimiento.
Precisó que la propuesta surge como inquietud de diversos titulares de contraloría municipales quienes muchas veces encuentran fragmentos normativos que son poco claros o contradictorios y esto les complica mucho su actuar y cumplimiento de la ley. Dijo que se busca dar mayor claridad a la norma en lo que respecta a los términos que deben otorgar los órganos internos de control al servidor público omiso en presentar su declaración de conclusión al cargo, una vez que ha sido requerido.
La propuesta, continuó, se hizo para otorgar certidumbre jurídica a los servidores públicos y a los órganos internos de control, a fin de evitar improvisaciones en el ejercicio de su función.
La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) dijo que la modificación busca dar certeza jurídica a los servidores públicos para desahogar el cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial. “Creo que ese vacío queda subsanado y se dan garantías procesales para que tanto servidores públicos como la autoridad cumplan con los plazos establecidos”.
Dictámenes desechados
La Comisión también aprobó con 21 votos en pro, cero en contra y dos abstenciones, el dictamen que desecha la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en materia de auditorías en tiempo real.
Además, avaló con 23 votos, el dictamen para desechar las proposiciones con punto de acuerdo por las que se exhorta al Senado de la República a designar a las comisionadas y a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Al respecto, la diputada Pérez-Jaén Zermeño, impulsora de las proposiciones, mencionó que sus planteamientos han quedado sin materia en virtud de que el Senado de la República ya ha cumplido con su obligación constitucional de designar a quienes van a ocupar dichos cargos. Externó su preocupación por que uno de los nombramientos no cumplía con los requisitos para el cargo.