La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados concluyó los trabajos virtuales del Parlamento Abierto de análisis para la iniciativa presidencial en materia de pensiones, en el cual expertos, servidores públicos de la SHCP y representantes del sector de las afores, señalaron los pros de la iniciativa.
El diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores señaló que el sistema actual no ha servido para el trabajador, fue instalado por el neoliberalismo y causará dificultades si no se le pone atención, por lo que es una materia que debe revisar a fondo. “La iniciativa endereza la anterior, no arregla la dificultad mayor, pero apunta en esa dirección. No debe soltarse el debate, hay que avanzar con lo que se tiene en la iniciativa, ya que de lo contrario tendrán una pensión miserable que no le alcanzará ni para cubrir la canasta básica alimentaria”.
Carlos Hurtado López, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, propuso que se incluya un artículo transitorio para que el Gobierno Federal utilice recursos para pagar y atender a los primeros jubilados de la ley vigente, en 2021, y que por haber empezado a cotizar tarde, en 1997, y tienen la edad de jubilación, será muy difícil que estos trabajadores alcancen las 750 semanas cotizadas; serán miles que tendrían derecho a pensión por haberse encontrado en la transición de las dos leyes. Destacó que es importante que la reforma no imponga costos fiscales a las finanzas públicas dado que su situación, en los próximos años, están “apretadas”.
Carlos Noriega, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), apuntó que en este momento el equilibrio fiscal que se plantea en la iniciativa es factible, es decir, que además de la presión fiscal que se tiene con la pensión universal, se otorgan los mayores beneficios posibles: más trabajadores alcanzando una pensión, una mejor pensión garantizada y la aportación de los patrones, que se incrementa al 15 por ciento. Cuidar la viabilidad financiera, no es sólo un objetivo, sino la garantía de que los recursos estarán disponibles. El sistema pensionario debe complementarse, para aumentar el poder adquisitivo, insertar a las mujeres y a quienes laboran en la informalidad.
La directora general Adjunta Jurídica de Seguros, Fianzas y Pensiones de la SHCP, Yolanda Torres Segarra, indicó que esta reforma debe contemplar el ahorro voluntario para los trabajadores que tienen ingresos superiores a los cuatro salarios mínimos y clarificar cuáles serán los parámetros para asegurar la pensión garantizada.
La directora general adjunta de Pensiones y Seguridad Social de la SHCP, Amelia Chávez Carrillo, planteó que el impacto fiscal de las medidas propuestas dependerá de la situación laboral del país y de las proyecciones, es decir, del número de trabajadores activos e independientes, por lo que un incremento en los beneficios del sistema generará una presión de gasto, lo cual podría ocasionar un desequilibrio fiscal.
Pedro Sánchez Cuervo, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Pensiones del Consejo Coordinador Empresarial, explicó que el aumento en las aportaciones permitirá disminuir el incremento de las cuotas de patrones con trabajadores que perciben salarios menores, por lo que las medianas, pequeñas y micro empresas tendrán un impacto muy marginal. “Estamos creciendo el ahorro, pero sin incrementar a los sectores empresariales que tendrían dificultades para mayores aportaciones”.
Jorge López Pérez, representante de COPARMEX Nacional, señaló que el sistema de seguridad social anterior no brindaba niveles de remplazo aceptables por diferentes causas, mandando a la mayoría de mexicanos al sector informal, por consecuencia México tiene una de las mayores participación de personas con 60 años o más laborando, lo que se suma a que las empresas deben dejar que el trabajador “permanezca hasta que el cuerpo aguante”, llegar a un acuerdo o pagar una indemnización que tiene un impacto en la liquidez o, en su caso brindar un plan de pensiones como una indemnización final.