Seleccionar página

La Comisión de Igualdad de Género, aprobó su opinión favorable sobre la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de interrupción legal del embarazo y salud sexual y reproductiva.

La presidenta de la citada comisión legislativa, Wendy Briseño, explicó que la propuesta presentada por diputados de Morena, y que será dictaminada por la Comisión de Salud, busca garantizar los derechos sexuales y reproductivos, pugnar por una libertad de conciencia y que las instituciones especializadas realicen sin objeción la interrupción legal del embarazo a las mujeres que así lo soliciten.

“Coincidimos con esta propuesta, toda vez que abona al avance de los derechos de las mujeres y en lo establecido en diversos tratados y criterios de órganos internacionales”.

Refirió que las integrantes de esta instancia legislativa proponen algunas modificaciones para que las instituciones de salud tengan personal no objetor de conciencia con el objetivo de llevar a cabo este procedimiento, el cual deberá ser hasta las doce semanas de gestación.

Asimismo, que a quienes soliciten la interrupción del embarazo se les dé consejería médica y social con información veraz y oportuna. Además, en los artículos transitorios se establece que se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto una vez que esté en vigor.

La presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván (Morena), comentó que con la aprobación de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México se logró que este procedimiento se lleve a cabo en las mejores condiciones sanitarias y acorde con el respeto al derecho humano a la salud.

Agregó que la interrupción del embarazo sigue causando una de cada 13 muertes maternas; no obstante, en la Ciudad de México después de su legalización no se ha reportado ninguna defunción a causa de este procedimiento.

Añadió que las persistentes restricciones legales en el país ponen en riesgo a las mujeres y a los profesionales de la salud al ser criminalizados y perseguidos penalmente, por lo que es ineludible tomar una visión de progresividad en la defensa de los derechos humanos de quienes optan por interrumpir el embarazo.