En la primera revisión de gastos de precampaña, consejeros del Instituto Nacional Electoral y representantes partidistas se trenzaron en una discusión sobre el grado de sanción aplicable por los errores y omisiones de algunos de los aspirantes.
Una pugna similar ocurrió en 2021 cuando se le negó el registro de la candidatura a dos abanderados de Morena a una gubernatura, precisamente por no presentar informe de precampaña.
La pérdida de registro es una sanción desproporcionada, sostuvo en principio el consejero Uuc-kib Espadas durante el análisis de 23 de aspirantes que presentaron su informe de manera extemporánea. “No es cualquier caso retirarle el derecho de ser votado a una persona”, insistió.
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, dijo que respaldaba el proyecto de la Unidad Técnica de Fiscalización en el sentido de sancionar a los partidos – por los errores y omisiones- pero no a las personas. También defendió el sistema de fiscalización del INE.
El proyecto de dictamen aprobado por la Comisión de Fiscalización señalaba que la sanción global a partidos políticos nacionales era de 31 millones 182 mil 520 pesos, mientras que, a locales, 1 millón 568 mil 647. A esto se añaden los aspirantes independientes con 501 mil 375 pesos.
Por tanto, la suma general discutida este lunes en el consejo general, en una larga sesión, fue de 33 millones 252 mil 542 pesos.
Sin embargo, la médula de discusión no era la multa sino la omisión en la entrega puntual de los informes y la consecuencia de la pérdida del registro.