La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados se reunió con representantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, de la Cámara de Comercio de la CDMX, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y del Consejo Coordinador Empresarial, para analizar la iniciativa que reforma la Ley General para el Control del Tabaco.
El presidente de la Comisión, diputado Fernando Galindo Favela (PRI), expresó que esta semana se convocará a la junta directiva de esa instancia legislativa para plantear un Parlamento Abierto en conjunto con la Comisión de Salud, en donde se escuchen todas las voces tanto de organizaciones en materia de salud, empresarios, productores de tabaco y de las cámaras.
“Necesitamos un parlamento en donde nosotros como legisladores tengamos todos los elementos, a fin de tomar las mejores decisiones; es un tema que debe ser analizado y ya lo hemos planteado con la presidenta de la Comisión de Salud y esperamos su respuesta”, dijo.
Consideró necesario conocer ¿qué medidas administrativas se pudieran llevar en este último eslabón del mercado, a fin de proteger a los menores? Y ¿qué medidas se pueden emplear para mitigar el consumo en menores, sin tener una afectación en la economía?
El diputado Francisco Javier Guzmán de la Torre (Morena) destacó la importancia de la reunión con los representantes del sector porque servirá para nutrirse y analizar sus aportaciones.
A su vez, María de los Ángeles Ayala Díaz (PAN) solicitó información sobre cuántos empleos directos e indirectos genera la industria tabacalera, y cuántos pudieran verse afectados. Además, estimó importante realizar un Parlamento Abierto para escuchar las diferentes voces, considerando que ahora se abrió la posibilidad de reducir la criminalización del consumo del cannabis.
Geraldina Isabel Herrera Vega (MC) consideró que no se puede poner en juego una pérdida más de empleos. Destacó la importancia de analizar de manera exhaustiva todo lo que conlleva la iniciativa y escuchar a todas las partes. Respecto a la informalidad, subrayó, “preocupa el bono demográfico, toda la cantidad de adultos mayores que en muy pocos años habrá y que definitivamente sin seguridad social y sin un sistema de pensiones es una bomba de tiempo que no se está dimensionando”.
Por el PT, la diputada María Teresa Marú Mejía opinó que en el Parlamento Abierto deben participar todas las partes integrantes de este tema “porque además tampoco lo conocemos desde sus raíces y no sabemos cuál es la situación que presenta la Comisión de Salud”.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) estimó pertinente realizar un Parlamento Abierto y escuchar las opiniones, posturas y posicionamientos respecto a la propuesta legislativa. Recalcó que las y los diputados necesitan tener una gama enorme de posibilidades y de información para hacer esta evaluación.
También de Morena, la diputada Melba Nelia Farías Zambrano se manifestó a favor de un Parlamento Abierto para analizar el tema y escuchar las voces de todos los sectores y particularmente de la ciudadanía.
Evitar crecimiento del mercado ilegal de tabaco
Vicente Yáñez Solloa, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), dijo estar a favor de los ordenamientos jurídicos que protejan la salud y del impulso e implementación de políticas que prevengan el consumo de tabaco e informen a la población del riesgo del tabaquismo; sin embargo, “manifestamos nuestro desacuerdo respecto de los controles administrativos que solo provocarán el aumento del comercio ilegal de productos de tabaco”.
Indicó que la prohibición de exhibir cigarros va a producir consumo de tabaco, comercio ilegal y poner tabaco a los menores de edad por unidad, piratas o de contrabando; ello, contribuirá a un mayor crecimiento del mercado ilegal. La venta de un tabaco barato que se vende sin verificación de edad y que está fácilmente disponible, puede generar un aumento de consumo en menores de edad.
El comercio ilícito de tabaco debilita los objetivos de salud pública, por lo que al obligar a los comercios formales a ocultar productos legales a los consumidores se crean condiciones favorables que facilitan un mercado negro y provocaría una competencia desleal en contra de los que cumplen con la normatividad sanitaria; la prohibición en nada contribuirá a los objetivos planteados e incrementará la actividad clandestina de comercialización del producto.