Al concluir el Parlamento Abierto en materia de Objeción de Conciencia, el presidente de la Comisión de Salud, diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena), indicó que éste es un tema que va más allá de la negativa de realizar una acción determinada, sobre todo cuando lesiona otros derechos, por lo que se debe considerar la totalidad de las perspectivas que en ella convergen.
Destacó que, en este encuentro, en el que participaron 33 expositores, está la voluntad política para construir una iniciativa que considere otras cinco ya presentadas con antelación y el mandato que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “No es una tarea fácil, pero gracias a los aportes de hoy se podrá avanzar de manera efectiva en este objetivo”.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) aseguró que con lo expuesto aquí se debe dimensionar el escenario que se tiene a fin de modificar o hacer una propuesta diferente porque es un tema verdaderamente importante. “Buscamos la protección a la salud y un sistema nacional que funcione de manera adecuada”.
La diputada Ivonne Cisneros Luján (Morena) puntualizó que el Estado tiene la obligación de otorgar servicios de salud en todos sus ámbitos y respetar los derechos. “Tendremos en la Comisión la discusión necesaria para hacer compatibles los derechos existentes. Sabemos que tenemos que respetar la objeción de conciencia y tenemos que buscar cómo hacerlo compatible”.
El diputado Andrés Pintos Caballero (PVEM) afirmó que se tiene la posibilidad de establecer una legislación con estándares claros y puntuales para que el personal médico y de enfermería ejerzan la objeción de conciencia sin que se convierta en una negación de servicios. “Está en manos de este órgano organizar el andamiaje legal que ofrezca una viabilidad para implementar dichos estándares”.
La diputada Margarita García García (PT) indicó que las y los legisladores no aprobarán algo fuera de la legalidad. “Hoy es un compromiso abrir la discusión para analizar la situación que prevalece en el sector salud”.
Vía zoom, la diputada Mariana Mancillas Cabrera (PAN) dijo que se debe dejar la retórica de la emoción y ver la ciencia para proponer una ley que realmente sirva y respete los derechos. Agregó que es necesario dotar de presupuesto a los servicios de salud y doctores “porque son los que han llevado la parte más dura en la pandemia y demuestran que también la llevan en la objeción de conciencia”.
La diputada Olegaria Carrazco Macías (Morena) indicó que trabajarán para que haya salidas viables a fin de que los médicos y enfermeras puedan recurrir a la objeción de conciencia.
Vía plataforma digital, el diputado Mario Rodríguez Carrillo (MC) dijo que es importante definir qué se entiende por objeción de conciencia y destacó la necesidad de tener un listado de no objetores. “Lo que no podemos pensar es que la discriminación nos gane en esta carrera de legislar; tenemos que consultar al menos dos fuentes importantes: la Ley de Transparencia y la que tiene que ver con la prevención y eliminación de la discriminación”.
Al inicio del encuentro, Luis Genaro Vázquez Rodríguez, director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, explicó los alcances que tiene la acción de inconstitucionalidad emitida por la SCJN, por lo que la misión del Legislativo es establecer parámetros y límites, así como condiciones para regular en materia de objeción de conciencia.
Expertos y activistas exponen sus posturas
Pauline Capdeville, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que para que la objeción de conciencia sea legítima debe estar fundada en auténticos motivos. Aclaró que en México esta objeción es parte de una estrategia más amplia para cancelar el derecho de acceso a la salud, especialmente en materia sexual y reproductiva, lo que afecta de manera desproporcionada a las mujeres.
María de Jesús Medina Arellano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que se requieren reglas y registros por los cuales el personal sanitario objeta llevar a cabo la prestación de un servicio en particular, además que la sentencia de la SCJN va en línea con la Ley de Cultos. “En nuestro país hay quienes obstaculizan los derechos ya garantizados, como los profesionales que se niegan a interrumpir un embarazo”.
Patricio Santillán Doherty, presidente nacional del Comité de Bioética, consideró que se requiere de una declaración anticipada de la objeción de conciencia, “una notificación anticipada que está del lado de la persona que tiene necesidad de objetar”. Propuso que esta notificación se convierta en una declaración de conflicto de interés y que la sepan todos los interesados, médicos, pacientes, directivas de hospitales, a fin de tomar las decisiones adecuadas para el mejor acceso a la atención de la salud.
Alberto Patiño Reyes, investigador de la Universidad Iberoamericana, planteó quitar los registros objetores de conciencia y en su caso que haya registros de médicos que no tengan objeción de conciencia, a fin de que las personas sepan a qué atenerse, pero que no se limite esta posibilidad con registros que lo único que hacen es victimizar a los médicos.
Rocío Hernández Ruiz, médico general e integrante de la Federación Mexicana de Objetores de Conciencia (FEMOC), puntualizó que si realmente se quiere que México tenga una medicina de alta eficiencia se tiene que respetar la piedra angular: la libertad de objeción de conciencia. “Cómo imaginar que los médicos dejen de lado su humanidad y se conviertan en un robot que sigue algoritmos del que ostenta el poder. Cómo hablar de libertad si los legisladores se empeñan en quitarla enarbolando la bandera de una falsa libertad”.