Erigida como Órgano de Acusación, la Cámara de Diputados aprobó con 271 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones, las conclusiones de la Sección Instructora en el procedimiento de juicio político identificado con el número de expediente SI/LXIV/JP/01/2019.
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, dijo que la Cámara de Diputados en términos del artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, hace la siguiente declaratoria:
“Ha lugar a acusar ante el Senado de la República a la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga, o Rosario Robles Berlanga, por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria del despacho durante el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018”.
Fueron trasgredidos los artículos 126 y 134 de la Constitución Política, así como diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, añadió.
Rojas Hernández pidió notificar a la Cámara de Senadores, así como remitir el expediente legislativo y a las instancias respectivas.
Designan a diputados para sostener la acusación ante el Senado
Con 270 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Pleno cameral designó al diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena), así como a las diputadas Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena) y Ana Ruth García Grande (PT), para sostener la acusación aprobada en esta Cámara de Diputados en contra de la ciudadana Rosario Robles Berlanga ante el Senado de la República.
Presidente de la Sección Instructora expone conclusiones acusatorias
El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena), presidente de la Sección Instructora, resaltó que es un momento histórico porque después de 94 años en que no se había instaurado un procedimiento se presentan conclusiones acusatorias en un procedimiento de juicio político.
Explicó que la acusación se basa en lo que hizo la Auditoría Superior de la Federación y que documentó la “Estafa Maestra”. La Sección Instructora, dijo, se ha apoyado también en lo que consta en expedientes de la Fiscalía General de la República, “en lo que nos han informado los propios organismos utilizados como instrumento para la desviación de recursos y su dispersión”.
Destacó que la acusación “no es a una persona, sino a un gobierno y la forma en la que realizó la administración pública federal desapegada de la ley y de manera completamente corrupta”. Recalcó que “no es un asunto personal. La Sección Instructora mantuvo un curso permanente de averiguar lo que había pasado; no nos interesa la persona, sino las funciones que desempeñaba y el gobierno al que pertenecía, porque no son hechos aislados”.
Gómez Álvarez aclaró que “la presunción de inocencia siempre se respetó, el periodo de pruebas fue ampliado por la propia Sección para dar oportunidad a que hubiera más elementos y la defensa presentara todo lo que quisiera”. Agregó que nunca se negó derecho procesal alguno, pero, “no hubo tampoco negación de los hechos, ni de las conductas; nunca la defensa presentó ese punto”.
Sostuvo que se han cumplido con los plazos de la ley, “escrupulosamente. Hemos hecho un procedimiento limpio porque queremos tener la autoridad moral para reclamar, como hoy y en lo sucesivo, a los servidores públicos de alto rango que se apeguen a la ley y que protejan los intereses públicos y se aboquen al buen despacho de los mismos. Buen gobierno es lo que exige la Cámara de Diputados”.
“Aquí no hay venganzas, linchamientos, ni verdugos. Hay una Cámara de Diputados en ejercicio pleno de sus facultades constitucionales históricas”, dijo.