El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados señaló que mantendrá la exigencia de llamar a comparecer a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, para tratar el tema de los desvíos en esa dependencia y en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
No se puede descartar que esos recursos hayan sido utilizados para financiar campañas electorales, y por ello es necesario llamar a rendir cuentas a la funcionaria, advirtió el vicecoordinador Jesús Zambrano.
“Pudiera ser que estemos ante una nueva edición del Pemexget, pudiera ser que estemos ante un escenario de estas características y que por lo tanto todo ese recurso, todo ese dinero haya sido parte de un cochinito para que se vaya a la campaña de PRI, para sustentar la campaña de Meade”, dijo.
Zambrano Grijalva agregó que para evitar más casos de desvío de recursos, a través de la entrega de contratos a entes públicos como universidades y otros organismos públicos, su bancada alista una iniciativa de reforma para prohibir la entrega de adjudicaciones directas a instituciones que no tengan la capacidad de prestar los bienes y servicios requeridos.
“Para hacer adjudicaciones directas en lugar de hacer licitaciones, deberá expresamente quedar claro que son suficientes estas dependencias o estas instituciones de interés públicos, universidades u otros organismos para otorgar otros servicios y que no tienen que andar subrogando, porque allí hay un fraude a la ley.
Debe prohibirse expresamente que puedan subrogar para evitar estas simulaciones”, recalcó el congresista.
Recordó que de acuerdo con el análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través del mecanismo de triangulación de recursos con la contratación de entes públicos, que a su vez subcontratan empresas entre las que se encuentran consorcios “fantasma”, se han desviado cerca de siete mil millones de pesos.
El ex presidente de la Cámara de Diputados exigió que el Gobierno Federal ponga un freno a los ataques contra la oposición, en particular contra el candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, al que se señala por presunto lavado de dinero.
El legislador manifestó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la República (PGR), son las que deberían presentar pruebas sobre los hechos ilícitos que se le atribuyen al panista, de lo contrario, confirmarán que están siendo utilizadas con fines político-electorales.