En reunión semipresencial, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir que la madre, padre o cualquier persona que ejerza la patria potestad, tutela, guarda, custodia y crianza de niños y adolescentes, utilice el castigo corporal o humillante como forma de corrección o disciplina.
Estipula que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia, así como de los encargados y personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, sin que sean víctimas del castigo corporal o trato humillante.
Se define al castigo corporal o físico como todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos, así como cualquier acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve.
Como castigo humillante se considera cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, o que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación de niñas, niños y adolescentes.
Además, el dictamen especifica que la violencia familiar es el uso intencional de la fuerza física, moral o cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, molestia, humillación, incluyendo el castigo corporal contra niñas, niños y adolescentes.
La reforma hace explícita la prohibición del castigo corporal
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, diputada Rosalba Valencia Cruz (Morena), explicó que la prohibición explícita del castigo corporal y humillante debe estar acompañada del desarrollo y aplicación de un sistema de justicia que prevea medidas alternativas a la privación de la libertad o la separación para los casos detectados.
Reconoció el compromiso de los integrantes de ambas comisiones y de las diversas organizaciones civiles y organismos que intervinieron en la redacción de estas reformas.
Modifica la concepción de disciplina y educación
La presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez (PAN) detalló que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, tan sólo en el mes de enero de 2020 se registraron 11 mil 937 casos de violencia infantil, por lo que este dictamen busca terminar con la normalización de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, la cual estaba escondida en una concepción equivocada de la disciplina y educación.
Indicó que diversos estudios científicos refieren que los castigos corporales y tratos humillantes son la germinación inicial para crear una sociedad violenta. “No hay insulto pequeño y golpe suave. La violencia es una sola, por lo que estas modificaciones representan un pequeño paso para visibilizar que estos actos los dañan a ellos y a la sociedad”.