Con 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones, legisladores federales avalan el proyecto de reformas para tipificar como delito las llamadas terapias de conversión y sancionar con pena de dos a seis años de prisión a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tratamiento o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
La sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen contra menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
“En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez”, señala el texto aprobado.
En contraste, los diputados avalaron una modificación a la minuta para suprimir el castigo de prohibición definitiva del ejercicio profesional a los médicos, técnicos o auxiliares de la salud por reincidencia en la práctica de terapias de conversión, dejando solo la suspensión hasta por tres años, además de la pena de prisión.
Por ello, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados instruyó devolver el proyecto al Senado de la República para la eventual ratificación del cambio al documento.
En tribuna, Salma Luévano diputada transgénero señaló que las terapias de conversión aplicadas a la población LGBTIQA suelen basarse en humillaciones, agresiones físicas y sexuales, hacinamiento, abuso verbal, privación de alimentos, uso forzado de medicamentos, electrochoques y hasta exorcismos.
“Que se oiga fuerte y claro: ¡nada que curar! ¡Nada que curar! Los Esfuerzos para Corregir o Cambiar la Orientación Sexual (Ecosig) hacen uso de prácticas equivalentes a la tortura, acciones atribuibles al tiempo de la inquisición, se trata de actos inhumanos y lacerantes que, con la intención de modificar orientación sexual y la identidad de género de las personas, lejos de apoyarlas, las victimiza”, criticó.
Margarita Zavala, de Acción Nacional secundó la condena a las llamadas terapias de conversión por los daños que causa, pero advirtió que la reforma criminaliza a los padres y genera el riesgo de “persecución gratuita” a maestros, médicos, enfermeras, sicólogos y religiosos.
La ex Primera Dama, dijo que la redacción abre paso a la impunidad, por las dificultades que representará para el Ministerio Público acreditar la comisión del delito.