Diputadas, diputados, especialistas y funcionarios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, expresaron sus puntos de vista sobre las reformas al artículo 19 de la Constitución Política, relativas a incorporar los delitos de extorsión y ambientales a aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Balance de qué tanto ha funcionado la tipificación
La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, aplaudió la propuesta de trabajar con el Secretariado Ejecutivo para evaluar la mejor solución y atender estos delitos, puesto que “necesitamos hacer un balance de qué tanto ha funcionado la tipificación”.
En la clausura del Parlamento Abierto destacó el hecho de que se haya expuesto la estadística institucional sobre los delitos de extorsión y ambientales, así como datos sobre el tráfico de especies y que el comercio ilegal de vida silvestre asciende a más de 20 mil millones de dólares al año y la existencia de 122 zonas críticas forestales.
El diputado Rubén Cayetano García (Morena) señaló que “si concedemos la prisión preventiva en extorsión, no solamente estaríamos tutelando la posibilidad de hacer justicia sino también protegiendo a los jóvenes que realizan este delito y encuentran facilidad para salir de la cárcel bajo caución”.
Por MC, la diputada Martha Tagle Martínez se manifestó por conocer qué tan eficiente ha sido la figura de prisión preventiva oficiosa, sobre todo cuando recientemente se amplió el catálogo. Dijo que con esta figura se deja en indefensión a quienes no tienen forma de defenderse y ellos estarán llenando las cárceles.
Trabajar de manera coordinada
El Secretario Ejecutivo Adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ángel Pedraza López, expresó que las cifras reflejan que ha ido incrementándose la posibilidad del delito de extorsión y se ha concentrado en cinco entidades federativas.
Consideró importante trabajar de la mano con la Cámara de Diputados y coincidió en que hay mecanismos menos lesivos para atajar el fenómeno, ya que la reforma constitucional debe ser la última instancia.