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Durante el Parlamento Abierto “Análisis de las Diversas Iniciativas que Reforman y Adicionan Artículos de la Ley General para el Control del Tabaco”, especialistas, empresarios, académicos, economistas y representantes de la sociedad civil, externaron sus comentarios en relación a las modificaciones en esta materia. 

En el evento, organizado por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, su presidente, el diputado Fernando Galindo Favela (PRI), afirmó que es responsabilidad de las y los legisladores analizar la iniciativa exhaustivamente y escuchar los aspectos positivos y negativos para que “podamos, en su caso, aprobar, perfeccionar o desechar la propuesta.” 

Sostuvo que la salud es un derecho fundamental de todos los mexicanos, “pero cualquier cambio legislativo también debe sopesar las consecuencias económicas y las afectaciones en el empleo, porque hoy estamos en medio de la peor crisis económica de la historia y se vislumbra una recuperación lenta en los bolsillos de las familias”. 

Afirmó que el único interés de los integrantes de la Comisión es velar por la salud de las familias mexicanas y también por la calidad de vida y su desarrollo económico, y “que haya generación de empleos en nuestro país, que siempre busquemos el mayor bienestar posible para los mexicanos”. 

Especialistas, empresarios y sociedad civil  

Sergio Roberto Huerta Patoni, director general de Legislación y Consulta de la Secretaría de Economía, consideró que se debe cuidar que las regulaciones que se emitan sean compatibles con los tratados internacionales en materia económica que México ha suscrito; es decir, evitar implementar obstáculos innecesarios al comercio o discriminación entre productos similares.     

El presidente de Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, manifestó su total rechazo a la iniciativa porque afecta grandemente las ventas. También, dijo, provocaría inseguridad al pequeño comerciante al prohibirle la exhibición de los productos y lo haría blanco de la delincuencia.  

El presidente de Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Vicente Yañez, dijo que la prohibición de exhibir cigarros únicamente fomentará la informalidad, lo cual no constituye una medida efectiva para reducir su consumo y se contribuiría a un mayor crecimiento del mercado ilegal. Se manifestó en contra de cualquier política que provoque un incremento de la ilegalidad e informalidad y afecte la libre competencia.  

El presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Nathan Poplawsky Berry, manifestó que de aprobarse las reformas planteadas, lejos de avanzar en la disminución del consumo lo que se estará promoviendo es el comercio ilegal, contrabando y la piratería, donde no cumplen con las disposiciones legales que los comerciantes legales están obligados. Además, se debe tomar en cuenta que de cada cigarro se recaba casi 50 centavos por concepto del IEPS, lo cual equivale a cerca de 44 mil millones de pesos.

El vicepresidente de Economía Formal de Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Rafael Nieto Tostado, consideró que esta iniciativa lleva a igualar al comercio formal con el informal, además se dejaría de recaudar ingresos importantes; por ello, pidió detener esta propuesta legislativa.

Laura Collada, directora general de Dumont, planteó que la iniciativa vulnera disposiciones consagradas en tratados internacionales, en la Constitución y en otras leyes como la referente a los derechos a la propiedad privada. Agregó que el etiquetado neutro incrementará el contrabando y la piratería, el cual, de acuerdo con datos de la Concamin en 2019, 17 de cada cien cigarros eran ilegales.

El presidente del Comité de Derechos de Propiedad Intelectual de la American Chamber of Commerce of México, Víctor Ramírez Landeros, destacó que prohibir la exhibición permitirá el crecimiento del mercado ilegal que, de acuerdo con información de la Cofrepris, está integrado por más de 260 marcas ilegales que producen 7 mil 200 millones de cigarros al año y afectaría a las marcas establecidas, al consumidor y los establecimientos.