El legislador explicó que se busca avanzar en la redacción final de lo que sería el capítulo relativo a la educación en todos los niveles, a través de un diagnóstico sobre la situación general, problemas estructurales y las carencias que se han incrementado por la pandemia. “El borrador que hoy les damos a conocer es un primer avance que quisiéramos que nos ayudaran a corregir, enriquecer y hacer las observaciones sobre la redacción”, agregó.
Dijo que la próxima semana entregarán el documento final a la JUCOPO y a legisladores, que será la base de las exigencias presupuestales de 2022, así como los cambios institucionales y de políticas públicas que se tengan que realizar: “Queremos dar fuerza a las acciones afirmativas y atender las carencias que han aumentado en estos momentos de pandemia. Se enriquecerá muchísimo la propuesta final que entregaremos a la próxima Legislatura”, señaló.
Al dar lectura al documento sobre los requerimientos de gasto en materia educativa, Adriana Hernández Hortiales, enlace técnico del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, comentó que el espacio fiscal donde se puede aplicar la política pública solamente representa el 10 por ciento del gasto programable; sin embargo, es necesario garantizar la educación superior para la población y que no está presupuestada.
Abundó que para que los alumnos puedan retornar a las escuelas de manera segura es importante que haya un buen nivel de inversión en infraestructura, superior a otros años, porque se requiere que al menos las instalaciones educativas cuenten con lavamanos.
Explicó que el monto para educación en 2021 representa solamente el 3.3 por ciento del PIB, dato inferior a lo recomendado por la UNESCO. “El 98.1 por ciento de la asignación presupuestal se destina a gasto corriente y solamente el 1.9 por ciento es para inversión física, lo que se ha mantenido en los últimos 10 años”.
Puntualizó que los recursos deben ser orientados a donde más se requieran, no únicamente para gasto corriente, sin incluir el que va al pago de nómina. “Durante el tiempo de pandemia muchas escuelas han sido vandalizadas y no están en las condiciones necesarias para recibir al alumnado”.
Alejandra Macías Sánchez, especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, señaló que un estudio sobre la infraestructura de higiene para un regreso seguro de los estudiantes a las escuelas, destaca que 62 mil planteles de educación básica no tienen ni un lavamanos. Se requieren 10 mil millones de pesos para enfrentar esta situación porque “hay escuelas que no tienen sanitarios o agua”.