Para evitar la pérdida de vidas humanas, costo económico e incluso el de seguridad, integrantes de la Comisión Política Permanente (CPP) urgieron al Gobierno de la República como a las entidades federativas a tomar las acciones necesarias para detener el robo de combustible por parte de la delincuencia organizada.
Para la diputada panista, Karina Sánchez Ruiz, la omisión del Estado mexicano no sólo ocasiona un daño al patrimonio nacional, sino que también han puesto en peligro la vida de miles de personas y de comunidades enteras.
Ante dicha negligencia, dijo que su grupo parlamentario se compromete a dotar al Estado de herramientas jurídicas necesarias para acabar con el robo de combustible.
«Lamentablemente, la delincuencia ha rebasado a la autoridad como en este caso ha acontecido». Añadió que, según Petróleos Mexicanos (Pemex), este delito genera pérdidas por más de mil millones de pesos.
A su vez, la coordinadora de los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, Rocío Nahle García, dijo que este tema se ha dejado crecer por más de una década. Puso como ejemplo que, en 2009, se registraron 13 mil 259 millones de litros de hidrocarburos perdidos y, en 2012, aumentó a más de 18 mil millones, lo que equivale a más de 62 mil millones de pesos.
Refirió que, en 2016, el robo de combustible se incrementó de manera alarmante al registrar 30 mil millones de litros. Acusó que esto sucede debido a que existe una corrupción de la clase política, altos funcionarios de Pemex, personajes del crimen organizado y huachicoleros de todas las regiones para permitir el robo de combustible.
En este sentido, el senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del PT, aseguró que la ordeña de ductos de Pemex tiene uno de sus orígenes en la corrupción entre esa empresa y servidores públicos de los tres niveles de gobierno; además, agregó, esta situación no sólo se ha convertido en un fenómeno criminal, sino también de carácter social.
Quienes roban hidrocarburos cometen un delito grave, pero la falta de castigo es uno de los principales incentivos para que esta actividad se realice y expanda: segmentos sociales del “Triángulo rojo” en Puebla participan en la ordeña, transporte, distribución, almacenamiento y venta de combustibles robados, de ahí, que el mero envío de fuerzas federales a la zona no resolverá el problema.
En tanto, la senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Dolores Padierna Luna, refirió que en los dos primeros meses del 2017, se realizaron mil 646 tomas clandestinas; en promedio diario, los grupos delictivos han realizado 28 perforaciones en el mismo lapso de tiempo, “nueve perforaciones más, diarias, que el promedio en 2016”.
No podemos centrarnos únicamente en la acción delictiva de las personas que roban combustible, es necesario ampliar la mirada de este fenómeno hacía las causas estructurales que han facilitado la proliferación de los grupos delictivos que lo cometen, puntualizó.
El diputado del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, subrayó que para detener este ilícito se requiere inteligencia policiaca, pues más de 80 por ciento del robo de combustibles se debe a que personal de Pemex y, en especial de dirigentes del sindicato petrolero, participan en este tipo de acciones, a través de información que se manda a bandas delictivas sobre cuándo cierran los ductos, qué tanto se bombea y se conduces.
Para erradicar el problema, el legislador panista Javier Antonio Neblina Vega, advirtió que se requiere una solución integral, voluntad política y aplicación estricta de la ley, terminar con la corrupción en Pemex y la complicidad de servidores públicos.
Exhortó a aprobar un dictamen en la materia, enviado al Senado durante la última semana del periodo ordinario. Asimismo, consideró necesario un plan de prevención integral de largo plazo para terminar con el robo de gasolina, así como programas de empleo específico para las comunidades donde se presenta esta actividad ilícita.
Finalmente, el diputado priista, Benjamín Medrano Quezada, destacó las pérdidas por el robo de combustible, que ascienden aproximadamente entre 15 a 20 millones de dólares al año y, en consecuencia, disminuye la recaudación de IEPS por la compra de gasolina.
«Delito que afecta al patrimonio y lacera las instituciones del Estado mexicano y pone en riesgo a familias y no se puede tolerar ni permitir».