El acuerdo presidencial para militarizar la seguridad pública vulnera de manera masiva el régimen de división de poderes y de reserva de ley
• Legisladores que desde la oposición alzaban la voz contra la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, hoy se disciplinan a la línea que les marca el Poder Ejecutivo.
- Que sea la Suprema Corte la que decida.
La actuación de la diputada Laura Rojas como Presidenta de la Mesa Directiva fue impecable, consideró el diputado Marco Adame Castillo al comentar la controversia constitucional interpuesta por la legisladora panista para la revisión del Acuerdo Presidencial del 11 de mayo; sólo ha cumplido con su obligación de proteger, promover y hacer efectivos la división de poderes y los derechos humanos reconocidos por la Constitución.
El también Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se refirió así a la solicitud de revisión del acuerdo del Titular del Ejecutivo Federal, para que con estricto apego a la legalidad sea la Suprema Corte de Justicia la que decida sobre de la controversia.
La ley es muy clara, la Controversia Constitucional suscrita por Laura Rojas está contemplada en los artículos 9º y 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y específicamente en el numeral 2 del artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
“Ahí claramente se señala que el presidente de este órgano podrá por sí mismo, en uso de la representación originaria que ostenta de la Cámara, como lo dispone el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General, presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta, aún en los períodos de receso”, precisó.
Adame Castillo aseguró que la actuación de la diputada Laura Rojas ha sido impecable, tanto en términos de forma como de fondo, toda vez que la demanda busca la defensa del régimen republicano y la división de poderes, principios consagrados en la Carta Magna.
En ese sentido, agregó, el acuerdo del presidente para militarizar la seguridad pública de manera lisa y llana vulnera de manera masiva el régimen de división de poderes y de reserva de ley.
“De lo que se trata no es de malograr la facultad de disposición de las Fuerzas Armadas contenida en el artículo Quinto transitorio de la Reforma Constitucional de Guardia Nacional, sino de que precisamente esa atribución se realice conforme al orden constitucional y convencional”, indicó.
Además, se busca blindar jurídicamente la actuación de las tropas del ejército y la marina cuando participen en seguridad pública. No podemos olvidar que nuestro país está siendo sujeto a revisión y debe cumplir con sentencias muy relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para el Vicepresidente de la Mesa Directiva, no se debe pasar por alto que el artículo 1º constitucional obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, que son precisamente algunos de los objetivos de la presidenta en esta acción jurídica.
Resulta extraño que legisladores que durante años fueron miembros de la oposición y alzaron la voz contra la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad hoy se disciplinen a la directriz del Poder Ejecutivo, haciendo a un lado el mandato de que tienen para ser contrapeso y fiscalizadores del mismo.
“Yo más bien los invitaría a respetar su dignidad de representantes populares y a cumplir su obligación de trabajar a favor de los derechos humanos, apoyando la controversia constitucional impulsada por la diputada Laura Rojas”, aseguró Adame Castillo.