En vísperas de que se conozca la sentencia en la llamada “Causa de Vialidad” en la que se acusa de corrupción sin haber presentado pruebas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en la que la fiscalía pidió doce años de prisión y su inhabilitación de por vida, hay convocatorias urgentes desde las bases políticas del Frente de Todos y de organizaciones sociales, incluso no afines al gobierno para mantener un estado de alerta y movilización ante lo que señalan como “la muerte de la democracia y la instalación de una dictadura judicial”.
Son horas decisivas en relación a lo que se consideraría como un crimen político, después del intento de asesinato que sufrió Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre, y desde varios movimientos llaman a una vigilia alrededor de los tribunales, mientras se menciona el intento de producir un “golpe blando” aunque no exento de extrema violencia opositora. Resultan cada vez más potentes las convocatorias para respaldar a la presidenta, como ya se había hecho, cuando fue citada por primera vez por el fallecido juez Claudio Bonadío, amigo cercano de su par Sergio Moro de Brasil (quien procesó a Luiz Inácio Lulada Silva durante el gobierno derechista de Mauricio Macri.
Durante sus alegatos de defensa, Fernández de Kirchner enumeró las mentiras que existen en la acusación punto por punto y en su última presentación, demostró la escandalosa presión de los medios.
Mostró la fotocopia de la portada de Clarín donde a los pocos días del intento de asesinato el titular era “La bala no salió, pero la sentencia si va a salir”, interpretado como un mandato, y la propia vicepresidenta denunció desde un principio que la sentencia ya estaba escrita desde hace tiempo. Con este juicio se reabrió una causa que fue cerrada por absoluta falta de pruebas, y se montó en forma irregular y anticonstitucional esta sentencia de dos jueces amigos cercanos al ex presidente Macri.
Cada vez se hace más fuerte la presión de las bases para salir a la calle y defender a Cristina y denunciar públicamente la complicidad de los jueces, una buena parte nombrados o trasladado de sus cargos y conformaron el Partido Judicial, en reuniones en residencia presidencial para reunirse con Macri, cuando era presidente y lo siguen haciendo ahora.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández compartió la denuncia de Fernández de Kirchner enumerando las 20 mentiras de esta “causa de Vialidad”, y dijo que comparte los argumentos de la vicepresidenta sobre la llamada el proceso : “cuando la política entra en los tribunales, la justicia se escapa por la ventana».
El ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, advirtió que el veredicto que se dará a conocer tiene objetivos electorales, al intentar impedir a Cristina Fernández de Kirchner participar en las elecciones de 2023, siendo ella «la dirigente de mayor volumen político de Argentina”.
Añadió que «la persecución sobre Cristina no es algo que tenga que ver con delitos del Código Penal, sino que tiene que ver con el Código Electoral», alertado sobre lo que puede pasar en esta semana que comienza y la gravedad de la situación.
En realidad el fallo condenatorio no tendrá carácter definitivo, ya que habrá más instancias judiciales, comienzan las apelaciones y otros derechos jurídicos, por lo tanto no van a ser detenidos ni la vicepresidenta ni los ex funcionarios. Pero la condena de por sí es inaceptable por la falta de pruebas e incluso se denunciará a otros niveles internacionales.