El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 36 de la Ley Federal de Defensoría Pública; se busca impulsar la prevención y sensibilización en materia de victimización secundaria, y procurar la implementación de programas tendientes a la sensibilización y prevención de la victimización secundaria.
Revictimización genera fuertes impactos psicosociales
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la victimización secundaria o revictimización es el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el Sistema de Justicia.
Suponen un choque entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional recibida, apuntó.
La revictimización, añadió, genera fuertes impactos psicosociales, porque remueve situaciones traumáticas generadas por la violación de la dignidad y de los derechos, así como un atentado a la reputación y al honor de la persona. “En definitiva, una marcada merma en la calidad de vida y bienestar de la persona que ha sido víctima de un delito”.
Ortega Martínez mencionó que es fundamental generar una sensibilización en las y los operadores del Sistema de Justicia, para garantizar una actuación apegada a los principios constitucionales de toda persona que concurre a cualquier procedimiento del ámbito penal y evitar prácticas que generen el menoscabo de las víctimas y, con ello, un daño hacia su esfera jurídica por parte del Estado.