El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Rubén Muñoz Álvarez (Morena), afirmó que la nueva Ley General de Aguas Nacionales tiene que ser uno de los actos de justicia social más importantes, ya que casi el 10 por ciento de la población nacional carece de este recurso.
En declaraciones a la prensa, detalló que, “como una solución a varios municipios de Chihuahua, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del ministro Javier Laynez Potisek, saca una sentencia, donde se está mandatando al Congreso de la Unión a expedir La Ley General de Aguas durante el próximo periodo ordinario de sesiones, en términos del apartado que la Suprema Corte consideró.
“¿De qué se trata particularmente este mandamiento para el Congreso? De atender el pendiente que tiene el Legislativo de reglamentar el artículo 4° Constitucional, que nos permita garantizar el derecho del agua para todos los mexicanos”.
Aseguró que esto “es muy importante, porque cuando se expide la Ley General de Aguas de nuestro país, éramos apenas una nación de 84 millones de mexicanos. Hoy somos 126 millones de mexicanos. Simplemente por el criterio demográfico, es necesario contar con una ley que atienda lo que en el año 2012 el Congreso estableció como un derecho, y fue fundamental, porque el agua dejó de ser un producto para convertirse en un derecho en favor de todos los mexicanos”.
Recordó que “el Constituyente de aquel entonces dio 360 días para que el Congreso estableciera la legislación reglamentaria, a través de una Ley General de Aguas, para establecer cómo se le va a dar agua a todos los mexicanos, con qué recursos, quiénes serán los responsables y a partir de cuándo, buscando tres objetivos fundamentales: agua para todos, atender el tema de cobertura, agua con calidad, asequibilidad y frecuencia”.
“Lo que vamos a hacer con este mandato que hoy ha expedido la Corte es, a partir del próximo período ordinario de sesiones, la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y Saneamiento, que está concluyendo ya el diagnóstico que hemos realizado en estos más de seis meses de trabajo, encontrar el marco jurídico que permita cumplir esta aspiración de los mexicanos”, abundó.