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La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, subrayó que la movilidad y la seguridad vial son materias de máxima relevancia para el desarrollo del país, sobre todo para el regreso a la normalidad después de la pandemia.  

Destacó que con la integración económica que tienen nuestro país con el mundo, la creciente relación comercial con diversas naciones, “nuestro sistema carretero y de infraestructura, en lo general, deben de fortalecerse a la par de las condiciones para que las personas y mercancías se transporten y se puedan movilizar”.  

Sánchez Cordero advirtió que uno de los rubros más afectados por la emergencia sanitaria fue la movilidad de personas, de bienes y servicios, pero aún se enfrentan “riesgos de la dislocación” en la cadena de suministro global. 

La legisladora encabezó los “Diálogos Parlamentarios sobre la Nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial: Ciudades seguras y bienestar”. En este encuentro, subrayó que este ordenamiento que aprobó el Senado “incide favorablemente en todos estos aspectos”.  

Lo anterior, porque promueve una movilidad sustentable, coordinada entre los órdenes de gobierno y con todas las instancias técnicas en la materia, para que el transporte, la movilidad y el desplazamiento de bienes y personas, sea cada vez más seguro. 

Dijo que es necesario el punto de vista de los expertos para que, con sus sugerencias y una vez que la Ley sea firmada por el Presidente de la República y entre en vigor, su aplicación tenga fuerza con el conocimiento previo de las modificaciones y nuevos preceptos de la normativa federal.  

En ese sentido, la legisladora aseveró que el Senado de la República ha hecho un intenso trabajo durante esta Legislatura para sacar adelante este proyecto, especialmente en las comisiones de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

Por ello, hizo énfasis en la importancia de que los estados y municipios den los siguientes pasos para la aplicación de la Ley y, sobre todo, para garantizar el derecho humano a la movilidad de las y los ciudadanos mexicanos. 

Además de una política pública de Estado, agregó, es necesario impulsar una nueva cultura de la movilidad, en la que se fomente el respeto por los reglamentos de tránsito vigentes y otras disposiciones. 

“No acatamos nuestro reglamento de tránsito, no acatamos la normatividad sobre movilidad, el respeto a la persona con discapacidad, a los niños, a las niñas, los cruces”, asentó.