Se agrava la crisis política en Perú y la sangre empieza a correr en las calles: dos jóvenes, uno de 15 y otro de 18 años, resultaron muertos la tarde del domingo en Andahuaylas, región de Apurimac, en enfrentamientos que dejaron decenas de heridos entre civiles y policías durante el fin de semana. Las muertes, ambas por herida de bala, ocurrieron durante confrontaciones en el aeropuerto de esa provincia, que significaron también la destrucción de instalaciones y equipos técnicos necesarios para la operación de vuelos.
Apurimac, distante 500 kilómetros al sureste de Lima, es una región andina de la cual es oriunda la presidenta Dina Boluarte, quien anteayer al anunciar su gabinete, llamó al diálogo y a la concordia. Enterada de los sucesos, ella expresó condolencias por Twitter afirmando que «la vida de ningún peruano amerita ser sacrificada por intereses políticos» y reiterando «mi invocación al diálogo y a deponer la violencia».
Pero eso parece lejano porque, lejos de aplacarse, tras conocerse quienes la acompañarán en su intento de gobernar hasta 2026, la indignación de las personas en contra de su presidencia, por la disolución del Congreso y en demanda de elecciones generales anticipadas -y más atrás, en segundo plano, por la liberación del destituido Pedro Castillo-, a todas luces están multiplicándose. Y varios analistas proyectan que eso va a continuar al alza en la medida que Dina Boluarte y los congresistas insistan en perpetuarse hasta 2026.