La diputada Marcela Torres Peimbert, coordinadora del Grupo Anticorrupción del Grupo Parlamentario del PAN, señaló que la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, y el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, deben ejercer el papel que les corresponde y rendir cuentas.
En un comunicado, subrayó que «el auditor debe auditar y la administración federal debe responder a cada inconsistencia señalada”, luego de la presentación del Informe General de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, correspondiente al primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“El informe que incomodó al presidente Andrés Manuel López Obrador, por evidenciar la falta de cálculo, de veracidad y de transparencia en su gobierno sobre el costo de cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, debe ser transparentado y explicado», señaló la diputada.
“¿Fue error de metodología de la ASF o los auditores se rindieron ante la presión del Presidente de la República? Cualquiera que sea la respuesta, es imperante poner un alto a la presión ejercida desde Palacio Nacional y dejar que las instituciones hagan su trabajo. No permitiremos que el Presidente se salga con la suya: ‘mandar al diablo a las instituciones’”, sostuvo.
Comentó que el informe evidenció además “el deficiente trabajo que realiza la SFP, ya que de 575 mil funcionarios obligados, tan sólo revisó la evolución patrimonial de 92 (0.02%), y no se implementaron los mecanismos de control necesarios para corroborar siquiera que cumplieran con la presentación de sus declaraciones patrimoniales.
“Además se contrató a seis funcionarios de alto nivel que no contaban con el perfil y experiencia requeridos, peor aún, la dependencia encargada de la prevención y combate a la corrupción se resistió a ser revisada, lo que denota no sólo incongruencia con sus funciones, sino que la pone como responsable del desaseo. ¿A qué le tiene miedo?”.
En la revisión de la Cuenta Pública 2019, refirió, “se determinó que se ejercieron de manera irregular más de 44 mil millones de pesos. Según el informe que, por cierto, parece que el gobierno quisiera quemar, de las 995 auditorías practicadas únicamente en el 25% no se identificó alguna problemática, mientras que en el 63% de las 775 auditorías restantes se encontraron fallas o errores en la gestión administrativa, en 26% hubo incumplimiento de metas u objetivos de fondos, programas o políticas públicas, en 6% se detectó el desvío de recursos por medio de pagos realizados sin contar con los entregables y en 2% desvío de recursos financieros, humanos o materiales para fines no previstos en la normatividad. Es decir, en 79 casos (8%) se acreditó el uso indebido de recursos públicos.